TAXIS COLECTIVOS: SOLUCIÓN ILEGAL A UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

Por Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista

¿Qué está pasando?

Hace un tiempo que en las avenidas principales de Lima viene operando los taxis colectivos, que son una oferta ilegal de transporte público que funciona como un híbrido entre las combis y los taxis particulares. Recogen la necesidad de algunos usuarios de poder desplazarse de forma más rápida y cómoda, pagando una tarifa mayor a la del boleto del autobús. Esto no es un invento peruano, existe en muchas partes del mundo, siendo que en algunas importantes ciudades opera de forma legal complementando la oferta de buses.

En nuestro caso, los colectivos surgen como una alternativa al disfuncional modelo de transporte público que rige en la ciudad capital, dónde según estadísticas de Lima Como Vamos (2019), menos del 7% de la población hace uso de los dos grandes sistemas de movilidad: el Metropolitano y el Metro, en gran parte porque están desconectados y tienen una cobertura limitada.  Los denominados “corredores complementarios” no dejan de ser un servicio equivalente a las líneas tradicionales de buses, siendo que el cambio sustancial está en el modelo de gestión más no en el formato de servicio. No cuentan con carriles exclusivos, y deben convivir con el resto de modos de transporte. El sistema más usado es el de los buses de línea, porque cubren una mayor área y a un menor costo.

Aparentemente, los colectivos están resolviendo un problema que la ciudad no atiende, y para el que existe demanda; como sucede con los mototaxis.

¿Cuál es el problema entonces?

El problema es que, a diferencia de los mototaxis, los colectivos compiten con los sistemas de transporte metropolitanos, saturando las vías y los nodos de mayor afluencia de pasajeros, lo cual hace aún menos eficiente el servicio formal. Ofrecen un servicio de transporte público sin licencia ni marco regulatorio, por ende, no tienen seguro de accidentes, paraderos ni rutas establecidas. Son muy poco eficientes para las principales rutas de la metrópoli, pues al tener poca capacidad se multiplican en número, lo cual genera una mayor congestión de las vías y contaminación del ambiente.

Ciudades como Lima y, en general, las principales urbes del país no tienen capacidad para soportar sistemas atomizados de transporte público en reemplazo o competencia con las líneas de buses. Si algo debe queda claro en esta discusión es que cada sistema tiene su nivel óptimo de funcionamiento, y que el enfoque de “libre mercado” no debe sobre ponerse al enfoque de legalidad, mejor calidad y mayor eficiencia. 

¿Cuáles podrían ser las soluciones?

La primera es comprender la urgencia de implementar un sistema de transporte público integral en Lima y las principales ciudades del país, con soluciones acorde con la demanda y la longitud de las rutas.  Para el caso de Lima, urge implementar un moderno sistema de buses de gran capacidad y en carriles exclusivos, similares al “Metropolitano”. Este sistema debe empezar a operar a muy corto plazo, organizando la vialidad y las unidades existentes, mientras se planifica el sistema definitivo. El organismo responsable, para el caso de Lima, es la ATU, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la provincial de Callao.

Como se hizo con los mototaxis, se debería analizar la formalización del servicio de “taxis colectivos” bajo ciertos estándares de servicio, y definiendo las zonas de operación; teniendo como objetivo complementar los sistemas mayores transporte público, nunca en competencia directa. Los colectivos deben atender zonas de baja densidad, donde el servicio de buses no es eficiente por volumen y/o dispersión de la demanda.

Los colectivos también pueden ofrecer un servicio exclusivo y expreso, como sucede en la ciudad de Buenos Aires, con rutas y paraderos establecidos, operando en intermodalidad con los grandes sistemas metropolitanos.

Finalmente, se debe realizar una fuerte campaña de concientización para la sociedad en general, para que se comprenda la magnitud del problema, y se desaliente el consumo de servicios ilegales por el alto riesgo que ello significa para la vida e integridad de los usuarios.

 

Fuente de la imagen: Aldo Facho Dede