EL ROL DEL TERRITORIO EN LOS CONFLICTOS SOCIALES

Por Flavio Vila, arquitecto.

Las industrias extractivas ocasionan más de la mitad de los conflictos sociales en el Perú. Usualmente estos son consecuencia de tensiones territoriales y deberían ser elevados al discurso del ordenamiento territorial para gestionarlos.

Las industrias extractivas serán las principales protagonistas para la reactivación económica pospandemia Covid-19. Sin embargo, actualmente estas ocasionan más del 50% de los conflictos sociales en el Perú, de los cuales el 40% son generados por la industria minera (Defensoría del Pueblo, 2020).

Esto se debe a que existen tensiones territoriales (Porto Gonçalves, 2001) y disputas en torno a la finalidad y aprovechamiento de los territorios donde se desarrollan. Las sociedades rurales se caracterizan por actividades económicas de autoabastecimiento limitadas por ciclos naturales, mientras que las urbano-industriales basan su economía en la extracción de recursos en alta intensidad (López García & López López, 2003). Es una contraposición entre distintas percepciones de realidad (Lorenzo Cadarso, 2001), mientras se reconfigura el hábitat de los centros poblados y territorios circundantes, muchas veces indígenas u originarios.

“(…) existen tensiones territoriales y disputas en torno a la finalidad y aprovechamiento de los territorios donde se desarrollan. Las sociedades rurales se caracterizan por actividades económicas de autoabastecimiento limitadas por ciclos naturales, mientras que las urbano-industriales basan su economía en la extracción de recursos en alta intensidad”

La mayoría de veces las comunidades son desvinculadas de sus territorios; son “des-envueltas” (Porto Gonçalves, 2015) al quebrar las “envolturas” socio-ecológicas presentes en sus formaciones ontológicas y epistémicas (Pineda, 2018). Como mencioné en un artículo previo, el territorio es de suma importancia para los Pueblos Indígenas, Originarios y otras comunidades rurales; es un espacio geográfico habitado ancestralmente en base a relaciones físicas y espirituales. En resultado, se siembra un campo de conflicto latente derivado de las tensiones descritas.

“(…) el territorio es de suma importancia para los Pueblos Indígenas, Originarios y otras comunidades rurales; es un espacio geográfico habitado ancestralmente en base a relaciones físicas y espirituales. En resultado, se siembra un campo de conflicto latente derivado de las tensiones descritas.”

Sumado a esto, distintas situaciones territoriales escalan este conflicto latente hasta su activación. El estudio “Determinante de los conflictos sociales en zonas de producción minera” concluye que el 71% de los conflictos mineros, en casos de proyectos en explotación, y el 82%, en casos de proyectos en etapas tempranas, han tenido como uno de sus determinantes a la contaminación ambiental y la degradación del medio de vida agropecuario (Castellares & Fouché, 2017; ver cuadro 1). Este es un conflicto claramente territorial en el que se involucran variables físicas de ordenamiento como la ubicación de relaves o el uso de agua para la minería; pero también, variables perceptivas como la ubicación de Apus, Cochas o ecosistemas importantes para estructuras psicosociales específicas.

“Este es un conflicto claramente territorial en el que se involucran variables físicas de ordenamiento como la ubicación de relaves o el uso de agua para la minería; pero también, variables perceptivas como la ubicación de Apus, Cochas o ecosistemas importantes para estructuras psicosociales específicas.”

Cuadro 1. Principales determinantes de los conflictos mineros (como porcentaje de los conflictos mineros)

	Proyectos en etapa de explotación	Proyectos en etapa temprana
Contaminación ambiental / Agricultura	71%	82%
Acuerdos no cumplidos	23%	11%
Recursos económicos adicionales	18%	6%
Beneficios laborales	14%	3%
Terrenos / Áreas protegidas	9%	11%
Minería ilegal	3%	1%
Otros	6%	7%

Sin embargo, según el relator James Anaya de las Naciones Unidas, en muchos casos los Pueblos Indígenas, Originarios y otras comunidades rurales están abiertos al diálogo sobre la extracción de recursos naturales en sus territorios, siempre que no sea destructiva y les beneficie (Huaco, 2013). Esto último es de carácter obligatorio como se dicta en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los PPII. Por esta razón, es necesario elevar el conflicto minero a un discurso y escala de Ordenamiento Territorial (OT).

“(…) en muchos casos los Pueblos Indígenas, Originarios y otras comunidades rurales están abiertos al diálogo sobre la extracción de recursos naturales en sus territorios, siempre que no sea destructiva y les beneficie.”

En palabras de José de Echave (2017), fundador de Cooperacción, el conflicto minero “no puede ser cabalmente enfrentado sino mediante la discusión […] donde el diseño territorial se convierta en el hilo conductor del debate económico y social […] donde la actividad minera encuentra su lugar […] junto con otras actividades” (p. 15). Es momento de comprender que la lucha del “Agro sí, mina no”, dos industrias actualmente consideradas mutuamente excluyentes, debe convertirse en “Agro sí, mina sí”.

En Perú, en el marco de la Resolución Ministerial 135-2013-MINAM, contamos con 4 instrumentos sustentatorios para el OT que deben desarrollarse consecutivamente, porque cada uno tiene escalas, enfoques y capas de complejidad distintas. Primero la Zonificación Económica Ecológica (ZEE), segundo los Estudios Especializados (EE), tercero el Diagnóstico Integrado del Territorio (DIT) y, como resultado de los previos, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Sin embargo, no tenemos una Ley de Ordenamiento Territorial ya que, durante los últimos años, se han presentado 5 veces en distintos proyectos de ley que no fueron aprobados. Lo más cercano es la Política N.º 34 del Acuerdo Nacional titulada “Ordenamiento y Gestión Ambiental”. Sin un marco institucional, o sea un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, es muy complicado gestionar la superposición de competencias en el manejo del territorio. A puertas de la reactivación económica, es necesario entender que el territorio no es solo un espacio físico-administrativo, sino la sumatoria de todas las dinámicas socioeconómicas, culturales y ecosistémicas que suceden en él.

“Sin un marco institucional, o sea un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, es muy complicado gestionar la superposición de competencias en el manejo del territorio. A puertas de la reactivación económica, es necesario entender que el territorio no es solo un espacio físico-administrativo, sino la sumatoria de todas las dinámicas socioeconómicas, culturales y ecosistémicas que suceden en él.”