Por Carlos Muñiz Velásquez, arquitecto urbanista.
28/08/2023
Para entender el amplio espectro de la Justicia Ambiental, se tiene que analizar distintas dimensiones, tanto sociales, económicas, como ambientales. En ese contexto, Robert D. Bullard, académico e investigador en la materia, concluye que los efectos derivados de los cambios del clima impactan, generalmente, de manera desproporcionada en grupos poblacionales más vulnerables que no son los responsables de generarlos.
En el escenario del problema global del Cambio Climático, no todos los países contribuyen de la misma manera a la emisión de gases de efecto invernadero, de hecho, la mayor parte de las emisiones históricas provienen de los países más desarrollados, mientras que los ciudadanos de países menos industrializados son los que más sufren los impactos de las alteraciones climáticas. Esto, debido a diversos factores, destacándose la deficiente infraestructura con la que cuentan, producto de su proceso informal y no planificado de desarrollo urbano.
Hoy, nos encontramos en un escenario marcado por la inminente acción del Fenómeno del Niño Global, que está actuando sobre un planeta ya alterado por el calentamiento global. Su paso afectará con más fuerza a los países cuyas ciudades tienen mayores deficiencias en infraestructura urbana, en otras palabras, a los más desfavorecidos de nuestro país. Nuestras ciudades se caracterizan por la informalidad y ausencia de planificación urbana, déficit de viviendas dignas, deficiente abastecimiento de servicios básicos y de equipamientos. A todo ello hay que sumarle la corrupción, que desvía inversiones de infraestructura necesaria como puentes, carreteras, muros de contención, e infraestructura para contener la fuerza de las quebradas y ríos.
Un claro ejemplo de nuestra incapacidad de gestionar y planificar nuestro territorio es lo que sucedió con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), un organismo cuestionado por su pobre desempeño en la ejecución de las obras priorizadas para prevenir futuros desastres. Según contraloría, 7 de cada 10 proyectos se encontraron en “situación adversa”, es decir, con retrasos, malos diseños o con indicios de corrupción. Bajo esa realidad, el Fenómeno del Niño Costero 2023 y el ciclón Yaku dejaron 65 personas fallecidas, 128 heridos, 5 desaparecidos, 9,423 damnificados, 65,000 afectados y centenares de viviendas destruidas (INDECI).
En ese escenario, para construir una sociedad resiliente y sostenible, es necesario facilitar el acceso a justicia ambiental, ya que a través de esta podremos establecer acuerdos que beneficien a todas las personas. Así, es primordial garantizar el derecho a la participación de todos los ciudadanos, mejorando el acceso a la información e implementando procesos de fiscalización efectivos, los que resultan indispensables para lograr transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Estos procesos son esenciales para garantizar un medio ambiente sin riesgos, saludable y sostenible para las generaciones actuales y futuras del Perú.
Para que haya Justicia Ambiental las ciudades necesitan no solo inversión en puentes, canalizaciones, y muros de contención, sino, y sobre todo, planificación urbana. Por ello, es fundamental preparar nuestras ciudades para este tipo de eventos mediante la continuidad de los proyectos y de las políticas asociadas a la gestión del territorio, y la mitigación de los efectos del cambio climático. A inicios de este año, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), mencionó que son más de 400 los distritos que están en riesgo de ser afectados por deslizamientos, huaycos u otro tipo de desastres naturales. Asimismo, de acuerdo con la información disponible a julio de 2021 (La República Data), se conoce que solo 180 de 1874 distritos cuentan con un plan de desarrollo urbano. Cifras alarmantes en estos momentos de incertidumbre climática.
Por lo tanto, deben plantearse medidas para lograr un efectivo acceso a la Justicia Ambiental a través de la implementación de metas estratégicas. En primer lugar, fomentar el acceso a la ciudadanía a información ambiental a través del fortalecimiento de políticas de datos abiertos, compartiendo información actualizada y precisa que permita conocer el estado de la infraestructura y poder fiscalizar las acciones necesarias para la mitigación y adaptación. En segundo lugar, proteger las áreas naturales y a las comunidades de la destrucción de su medio ambiente y explotación indebida de sus recursos. En tercer lugar, fomentar la creación de organismos alternos que permitan el derecho de acceso a justicia ambiental, permitiendo la canalización en la atención especializada de damnificados por desastres. Finalmente, es importante que el Gobierno Central priorice la definición de políticas y planes urbanos orientados a fomentar la inversión en infraestructura resiliente, de esta manera se debería garantizar la seguridad de todos los peruanos ante los diferentes efectos del cambio climático.