Por Manuel Madrid Tataje, abogado urbanista.
01/03/2024
Durante los últimos años, legisladores urbanos y profesionales entendidos en materia de aprovechamiento del espacio público y privado de nuestro país han emprendido labores para consensuar y establecer mecanismos que desincentiven la adquisición y uso de automóviles privados, promoviendo así el uso del transporte público. Esto con el propósito de disminuir la ocupación de nuestra red vial y reducir el impacto negativo que la quema de combustibles fósiles produce en el medioambiente.
No obstante, esta labor de consenso muchas veces no ha provocado el efecto que se esperaba: que más personas opten por el servicio público. Esto, entre otras razones, obedecería a lo disfuncionales y desarticuladas que pueden llegar a ser nuestras redes de transporte, lo cual impacta directamente, y de forma negativa, en la calidad de vida de los ciudadanos.
En consecuencia, mientras la movilidad pública eficiente y accesible continúe como un objetivo pendiente en las ciudades peruanas, mayor será la insatisfacción y consecuente desincentivo por usar este servicio.
Sumado a ello, la presencia de vehículos obsoletos y un creciente parque automotor continuarán como causas principales de la contaminación de nuestro aire. Al respecto, en agosto de 2023 la Autoridad de Transporte Urbano en Lima y Callao (ATU) informó que el parque automotor causa el 58% de la contaminación del aire de la capital. Según lo comunicado, circulan cerca de 122,000 vehículos con una antigüedad mayor a los 15 años, de los cuales el 30,6% corresponde a los vehículos del transporte público regular y un 9% a los vehículos de servicio de taxi. También se informó que los vehículos con más de 20 años de antigüedad son hasta 53 veces más contaminantes que los que tienen cinco años o menos. En consecuencia, es urgente la aplicación de medidas como el retiro de vehículos obsoletos. Esto podría lograrse, por ejemplo, a través del programa de chatarreo vehicular que inició la entidad en julio de 2023.
Mientras atendemos este tipo de problemas, grandes metrópolis de otras latitudes ya han transitado y superado este camino, hallándose en encrucijadas muy avanzadas para nuestro país.
Por ejemplo, la ciudad de París (Francia) acaba de decidir el incremento de las tarifas para los conductores que decidan aparcar sus SUV (Sport Utility Vehicle) en zonas regulados de los distritos del centro de la ciudad, triplicando el valor general. Esta decisión se produce luego de que este tipo de vehículos fuera acusado de ser “muy contaminantes”. Cabe precisar que los SUV representan el 10% del parque automotor de París.
Las tarifas en rojo serán las que se aplicarían a los SUV, mientras que las de color verde serán la aplicables al resto de vehículos. Fuente: Google
Efectivamente, a través de un referendo celebrado el domingo 4 de febrero, los ciudadanos parisinos decidieron triplicar la tarifa actual de 6 euros que deben abonar los propietarios de SUV de 1,6 toneladas de peso que requieran aparcar en el centro de la ciudad.
Así, producto de esa decisión, la tarifa de parqueo ascendería a 18 euros por hora en los distritos céntricos de la ciudad y a 12 euros la hora para los distritos exteriores. Luego de publicada la decisión, la alcaldesa capitalina, Anne Hidalgo, celebró el acontecimiento a favor de una medida «buena para la salud y buena para el planeta».
Esta medida, necesaria desde la perspectiva de las autoridades y ciudadanos parisinos, concuerda con la postura adoptada por la ONG World Wide Fund For Nature (WWF), la cual considera a los SUV como una «aberración» para el calentamiento global, toda vez que son «200 kilos más pesados, 25 cm más largos y 10 cm más anchos» que un automóvil estándar. Sumado a ello, han señalado que la fabricación de estos vehículos requiere una mayor dotación de materiales, que consumen un 15% más de combustible y emiten un 20% más de CO2.
Sumado a ello, una justificación no menor dada a conocer por el ayuntamiento de la ciudad, para impulsar el sobrecargo por el parqueo, es que estos vehículos ocupan un mayor espacio en las calles. Asimismo, se ha informado desde el propio ayuntamiento que se les considera vehículos doblemente mortales para los peatones en caso de atropello.
Sin embargo, si bien esta medida resultaría trascendental para el cuidado del medioambiente de la ciudad luz, los detractores de la decisión señalan que esta no ha sido tan arrolladora como aseguran sus promotores, ya que en el referendo emitieron su voto poco más de 78.000 personas de un universo de 1.3 millones (los que previamente se inscribieron para tener derecho a voto). Es decir, el nivel de participación fue del 5.7%. Según se informó, el 54.55% de los participantes aprobó el aumento de las tarifas para los SUV.
Esta cifra de sufragio es menor a la que se registró durante el referendo contra los scooters. En aquel momento se contabilizaron 100,000 votos, un 25% más respecto del referéndum realizado el pasado 4 de febrero.
Fuente: Google
Sumado a ello, la medida no ha estado exenta de polémica pues esta ciudad cuenta con 2.2 millones de habitantes, aproximadamente, y está rodeada por un cinturón poblacional que suma otros 10 millones y una buena parte de ellos se desplazan diariamente a la capital, muchos de ellos en auto. Es este grupo, junto con el de los taxistas y turistas los principales afectados por esta decisión. De esta manera, se ha considerado a esta votación como una confrontación entre los ciudadanos parisinos en contra de quienes viven fuera de París.
Cabe precisar que la implementación de esta medida está supeditada al refrendo por parte del Consejo de París, lo cual estaría previsto para el próximo mes de setiembre.
Mientras tanto, en Alemania los alcaldes de Hannover y Múnich expresaron su interés en la iniciativa aprobada en París, mientras que en Berlín se descartó (al menos por ahora) la aplicación de medidas similares a esta.
Si bien aún lejana de nuestra realidad, es previsible que en algunos años más los nuevos legisladores urbanos y especialistas de nuestro país tendrán a su cargo discusiones sobre la aplicación de medidas más potentes para desincentivar el uso del automóvil, limitando así la contaminación del medioambiente y priorizando el desplazamiento en transporte público. Para entonces, ese medio de transporte ya debiera haber madurado y consolidado como un servicio de calidad.