Por Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista
Artículo publicado originalmente en el diario El Comercio.
14/08/24
Las ciudades son motores de progreso, innovación, riqueza y poder. Son nuestra creación más compleja, dado que emergen junto a nuestra conciencia de colectividad.
Producen economías de aglomeración gracias a la proximidad entre trabajadores y empresas, que crean mercados laborales más dinámicos, diversos y eficientes; fomentan la consolidación de cadenas logísticas diversificadas y especializadas; generan mercados de consumo vigorosos; y permiten el nacimiento y la propagación de ideas e innovaciones. (Klein y Carfts, 2015, como se citó en Espinoza, Fort y Espinoza, 2022).
Es por ello que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y se estima que para el 2050 superará el 70% (ONU). En el Perú, el 80% de la población ya lo hace (INEI). Esta migración permanente se explica porque, más allá de las limitaciones y carencias, “la densidad urbana ofrece el camino más corto para pasar de la miseria a la prosperidad” (E. Glaeser).
Pero, como todo, las ciudades tienen un límite para poder atender las necesidades y demandas de la población. Este está determinado por la distribución espacial de los equipamientos, servicios y procesos productivos, y por la eficiencia con la que la población puede llegar a ellos. Su crecimiento orgánico debe ir acompañado de inversiones en infraestructura y vivienda que garanticen el desarrollo de una vida digna a sus ciudadanos, y para ello se necesita de un sistema de gobernanza con capacidad de gestión y recursos para planificar e implementar las acciones y proyectos necesarios.
Como vemos, las ciudades son centros dinamizadores territoriales. Por consecuencia, mientras un país tenga más urbes atractivas y competitivas, mayores serán sus índices de desarrollo. Esto lo podemos corroborar cruzando el PBI de las mayores economías con el mapa de luminosidad artificial del planeta. La descentralización de la riqueza permite ofrecer a las personas mayores alternativas para desarrollar sus capacidades y talentos, incrementa la producción y competitividad, y reduce significativamente los riesgos e ineficiencias generados por la macrocefalia urbana.
En el Perú no se cumplen estas condiciones. No sólo un tercio de la población vive en Lima y el Callao, sino que allí se concentra el 50% del PBI y del empleo formal del país. Más grave aún es que la segunda ciudad, Arequipa, no llega a representar el 5% en ambos indicadores. La evidencia del colapso de nuestro modelo centralista es que, a partir del 2017, la pobreza urbana no ha dejado de incrementarse, mientras la rural disminuye (INEI).
La ausencia de políticas efectivas y sostenidas de descentralización y diversificación de la producción, sumadas a la inestabilidad política, la atomización administrativa del territorio, y la informalidad estructural de la sociedad, limitan considerablemente el surgimiento de otras ciudades como alternativas de desarrollo. Sólo tenemos que mirar el estado de precariedad y abandono de importantes urbes como Chiclayo y Piura, y compararlas con sus pares en otros países de la región. Asimismo, es muy preocupante comprobar la muy limitada capacidad de gestión de las municipalidades, que se refleja en el deficiente uso del presupuesto anual, y en la casi inexistencia de planes de desarrollo urbano vigentes (MEF).
Apostar por el desarrollo territorial, y por el surgimiento de una red de ciudades intermedias que se posicionen como alternativas de mejor y mayor desarrollo urbano y rural deberían ser el objetivo principal del Estado Peruano. Para ello, urge la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Ordenamiento Territorial, recientemente aprobada en la Comisión de Descentralización del Congreso. De la misma manera, es fundamental que se dé un especial impulso al desarrollo de infraestructuras de transporte y comunicación a nivel nacional, generando nuevos ejes comerciales y productivos, así como se invierta en infraestructura urbana, a través de la implementación de planes territoriales que ordenen el uso del suelo y determinen las obras estratégicas. Estas acciones deben ser prioritarias para el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, y para la Autoridad Nacional de Infraestructura (o del anunciado ministerio), quienes deben trabajar junto a los diferentes sectores involucrados.
En la medida que nuestras ciudades se conviertan en los motores del desarrollo nacional, pasaremos de ser un país de pobladores a ser un país de ciudadanos, que constituyan, desde su diversidad, la nación rica, próspera e inclusiva que todos soñamos.
