Por Manuel Madrid Tataje, abogado urbanista
11/08/2025
Más allá del muro, la ciudad debe recuperarse
La controversia legal ha terminado. El pasado 3 de julio, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por la Comunidad Franciscana contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, en relación con la instalación de un muro que cercó la histórica Plazuela San Francisco. La sentencia, respaldada por mayoría, concluye que no se ha vulnerado el derecho de propiedad ni el debido procedimiento, y que el cierre ejecutado por la autoridad edil no representa una amenaza constitucional grave ni irremediable. Así, el máximo intérprete de la Constitución ha cerrado el camino de la controversia judicial.
Si bien el desenlace legal corresponde a las instituciones, el espacio le pertenece a la ciudad, y eso nos lleva a una pregunta que no admite más dilación: ¿cuándo volverá la plazuela a servir a los ciudadanos?
El origen del muro.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, el muro fue instalado por la Municipalidad de Lima a fines del año 2022, durante una intervención de emergencia en el Centro Histórico. Según los informes técnicos presentados por la autoridad edil, se buscaba atender “riesgos de inseguridad” vinculados a la presencia de comercio informal, acumulación de residuos y deterioro de pavimentos. La construcción del cerco fue parte de una serie de medidas ejecutadas en diferentes puntos del Damero de Pizarro, muchas de las cuales provocaron cuestionamientos públicos.
Lo cierto es que, con o sin intención, el cierre de la plazuela invisibilizó un espacio de alto valor histórico, simbólico y ciudadano. Y aunque el conflicto judicial ha concluido, la plazuela permanece cercada. El muro, entonces, ha dejado de ser materia de litigio para convertirse en símbolo de una ciudad que posterga la vida pública.
El litigio terminó. El abandono no puede continuar.
No corresponde aquí emitir un juicio sobre los fundamentos jurídicos de la sentencia. Este no es un artículo legal ni busca impugnar la decisión del Tribunal Constitucional. Por el contrario: es legítimo que los desacuerdos sobre el uso del suelo se ventilen en las instancias competentes. Lo que se propone es otra reflexión, más urgente y de fondo: la ciudad no puede esperar más para recuperar sus espacios colectivos.
El Centro Histórico de Lima vive un momento crucial. En los últimos meses, hemos visto anuncios ambiciosos sobre restauración patrimonial, reordenamiento del comercio informal y recuperación de fachadas. También hemos sido testigos de tímidos avances en intervenciones como la Avenida Abancay. Pero mientras tanto, la Plazuela San Francisco sigue tras un muro, ajena a los pasos, al encuentro, a la cultura viva que le dio sentido durante siglos.
Una ciudad que se dice democrática no puede normalizar el cierre prolongado de sus espacios públicos, y menos aún cuando estos forman parte de su patrimonio histórico. El derecho a la ciudad, que define la calidad de vida urbana, empieza por la posibilidad de caminar, de mirar, de encontrarnos en lugares comunes.
Rejas, horarios, restricciones: ¿cómo llegamos a este punto?
Más allá de que esta decisión judicial guste o no a las partes del proceso, lo cierto es que nuestra ciudad y nosotros, como ciudadanos, nos hemos acostumbrado a vivir en espacios públicos cerrados. Parques enrejados, plazas con horarios restringidos, rejas que delimitan lo que debería ser libre. Lima —como muchas otras ciudades de la región— ha ido normalizando un modelo urbano donde lo público es accesible solo a ciertas horas y bajo determinadas condiciones, según lo disponga la gestión de turno o los propios vecinos.
Ese fenómeno ha reducido la idea de lo público a un formato tutelado, condicionado, vigilado. Incluso espacios que deberían ser lugares de paso, encuentro o descanso —como la propia plazuela San Francisco— se han transformado en espacios suspendidos. Y mientras tanto, la ciudadanía se resigna a mirar desde fuera, como si la ciudad no le perteneciera.
Por eso, la recuperación de este espacio no puede tratarse solo como una restauración física. Es una oportunidad para revertir esa tendencia restrictiva, para apostar por un modelo urbano abierto, inclusivo y realmente público. El muro de la plazuela es apenas un síntoma. La verdadera enfermedad es la cultura del encierro institucionalizado.
El silencio no es una política pública.
Ahora que la controversia legal ha sido resuelta, corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a su órgano especializado, el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), anunciar cuál es el cronograma para devolver la plazuela a la ciudad.
Sabemos, por declaraciones previas, que existe un proyecto para su recuperación integral. Pero la ausencia de anuncios concretos alimentan la percepción de abandono. El ciudadano necesita algo más que buenas intenciones: necesita certezas.
Prolima, que ha ganado legitimidad en los últimos años como actor técnico, tiene aquí una oportunidad valiosa para liderar un proceso transparente, participativo y con metas claras. No basta con custodiar el patrimonio edificado, hay que dignificar la experiencia urbana de quienes lo habitan, lo recorren, lo sienten suyo.
Una oportunidad para reconciliar.
La plazuela San Francisco no es cualquier lugar. Es punto de conexión entre el convento histórico, la iglesia, los jirones Lampa y Áncash, y un corredor peatonal que articula la vida cultural del centro. Recuperarla no es solo abrir un espacio: es reactivar una red urbana de enorme valor social.
Por eso, la discusión no debe quedar atrapada entre instituciones ni en tecnicismos legales. Es momento de que Lima se reconcilie con su memoria y apueste por una evolución urbana que ponga al ciudadano al centro. La reapertura de esta plazuela puede convertirse en un gesto de confianza, en una señal de que el espacio público vuelve a importar.
En tiempos de polarización, el urbanismo puede ser un puente. Y nada genera más consenso que una ciudad bien cuidada, caminable, accesible, viva. Que el muro —hoy innecesario— sea retirado no por orden judicial, sino por convicción ciudadana.