Desarrollo urbano y democracia
Por Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista
Artículo publicado originalmente en El Comercio
08/04/2026
En pocos días volveremos a las urnas para emitir nuestro voto. En los medios y redes sociales se discute sobre los partidos y los candidatos, y algunos analistas plantean escenarios para orientar el voto “útil”, dando por hecho que todos iremos a sufragar, pero ¿realmente todos contamos con las mismas facilidades para hacerlo? En esta columna analizaré un aspecto muy poco desarrollado en nuestro país, pero que es tan importante como conocer la cédula de votación:
Cómo el acceso a la vivienda, la forma y la seguridad de nuestras ciudades, y la condición de los espacios públicos pesan en el ejercicio de nuestro deber cívico.
Empecemos por la vivienda y la forma de la ciudad. Como hemos desarrollado en diversas columnas, las ciudades peruanas han crecido vertiginosamente en las últimas décadas, siendo que gran parte de esa expansión ha sido informal o ilegal. Más del 90% del nuevo suelo urbano de Lima presenta esta condición, mientras que en ciudades como Arequipa o Cusco bordea el 100% (GRADE, 2020). Este crecimiento responde a una demanda de vivienda insatisfecha y a la limitada capacidad del Estado para atenderla mediante mecanismos formales.
El resultado es que cerca del 50% de la población vive lejos de los centros urbanos, con limitado acceso a servicios básicos, parques y equipamientos. Esto, que impacta en su vida cotidiana, también condiciona su participación electoral, pues les obliga a realizar desplazamientos largos, inseguros y costosos.
Al respecto, diversos estudios desarrollados —como los de Gimpel y Schuknecht (2003), Dyck y Gimpel (2005), y Brady y McNulty (2011)— encuentran consistentemente que a mayor distancia, tiempo de viaje o complejidad en el desplazamiento, menor es la participación electoral. Incluso medidas como el transporte gratuito —implementadas recientemente en Brasil (Pereira et al., 2023)— reducen barreras específicas, pero no necesariamente incrementan la participación.
El problema no es solo llegar, sino el costo de hacerlo en una ciudad extensa y desarticulada.
En el otro extremo, la compacidad urbana y la calidad de la ciudad y sus espacios públicos facilitan el ejercicio democrático. En un estudio desarrollado en Paraguay (Chong, León-Ciliotta y Valdivia, 2019) se demostró que en entornos más compactos y mejor equipados existía una mayor y mejor participación electoral, pues los electores accedían de forma rápida y segura a su centro de votación, y estaban mejor informados.
La evidencia muestra que votar no depende únicamente de la voluntad u obligación cívica, sino que está fuertemente condicionada por la organización espacial y la calidad del entorno donde se habita.
Entonces, las desigualdades socioespaciales impactan directamente en el ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos, por lo queel derecho al voto debería estar directamente relacionado con el derecho a la ciudad que habilita su ejercicio; tal como está planteado en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (artículo 17).
Otro factor clave es la seguridad, particularmente relevante en estas elecciones. El incremento sostenido de delitos, extorsiones y homicidios —especialmente en zonas periféricas— restringe la movilidad cotidiana y desincentiva la participación. La evidencia regional desarrollada en el Latin American Public Opinion Project (LAPOP) relaciona la percepción de inseguridad con la menor participación política, porque limita la circulación por las calles y el uso del transporte público.
El resultado es una paradoja: el voto es obligatorio, pero las condiciones de nuestras ciudades dificultan su ejercicio, siendo una variable crítica en las zonas más alejadas, informales y vulnerables.
A pocos días de acudir a las urnas, es importante que comprendamos que la calidad de la democracia no sólo se defiende en el diseño de las instituciones y en la oferta política disponible, sino que también se juega en el equipamiento, la seguridad y la accesibilidad de nuestras ciudades y centros poblados.
En ese sentido, el derecho al voto empieza en la ciudad que permite ejercerlo, y el fortalecimiento de la democracia depende, en gran medida, de las condiciones urbanísticas que ofrecemos a nuestros ciudadanos.