Un enfoque que resalta una particularidad negativa de la ciudad
Por Fredy Roberto Vizcarra Castillo, arquitecto urbanista
03/08/2026
Arequipa atraviesa una crisis silenciosa en su tejido urbano que, lamentablemente, hemos normalizado: la privatización de facto de nuestros parques. Lo que debería ser el corazón de la vida en comunidad (espacios de encuentro, de juego y descanso) se ha transformado en una red de fortalezas cercadas. Es una anomalía difícil de encontrar en otras ciudades del Perú (ni hablar de otras ciudades del mundo) con tal intensidad: una urbe donde el acceso al principal espacio público por naturaleza no es un derecho garantizado, sino una concesión arbitraria que depende de si el vecino encargado de las llaves decide, en su mejor humor, abrir el candado.
Esta situación no es solo una molestia cotidiana, sino una flagrante contravención de la Ley N° 31199, la Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos. Esta norma establece, sin margen a la ambigüedad, que los espacios públicos son bienes de dominio público: inalienables, inembargables e imprescriptibles. Su naturaleza intrínseca es la accesibilidad universal; sin embargo, en Arequipa, la normativa parece ser un texto decorativo que las autoridades locales prefieren ignorar. El espíritu de la ley busca garantizar el derecho a la ciudad y al bienestar, conceptos que se desmoronan frente a un enrejado que impone una incertidumbre constante: el ciudadano no tiene ninguna garantía sobre los horarios de apertura ni certeza alguna de si el parque estará abierto al llegar, quedando su derecho supeditado al capricho de quien custodia la llave.
Es necesario comprender que Arequipa no es un caso aislado, sino un síntoma visible de una crisis urbana que afecta a todo el país. A lo largo del Perú, el miedo a la inseguridad ha derivado en una peligrosa tendencia a la fragmentación del tejido social mediante el enrejado sistemático, no solo de parques, sino de calles enteras y urbanizaciones completas. Esta proliferación de “islas” urbanas, donde se privatiza el espacio público y se restringe la libre circulación bajo el pretexto de la vigilancia privada, desdibuja la idea de ciudad como lugar de encuentro.
Bajo la excusa de la inseguridad (situaciones de riesgo que preocupan legítimamente a los vecinos), las autoridades arequipeñas han abdicado de su responsabilidad legal y han optado por el camino más sencillo: entregar las llaves a las juntas vecinales. Sin embargo, este razonamiento es una pendiente resbaladiza: si aceptamos que la solución ante la inseguridad es enrejar el parque, ¿por qué no proceder entonces a cerrar todas las calles de Arequipa y clausurar cada urbanización? Bajo esa lógica, estaríamos condenando a la ciudad a convertirse en un gran cárcel urbana, un conjunto de reductos incomunicados donde la vida pública se extingue siempre tras un candado.
Al renunciar así de su responsabilidad de gestión, el municipio no solo falla en su deber, sino que provoca un efecto contraproducente: mitiga un problema inmediato, pero genera otro al vaciar de ciudadanos el espacio público. Nuestras autoridades parecen ignorar principios urbanísticos elementales que, desde los años 60, Jane Jacobs dejó claros: la seguridad de un parque no la garantiza una reja, sino los “ojos de la calle”, es decir, la circulación constante y el uso intensivo del espacio por parte de los ciudadanos. Al privatizar el uso del parque se favorece, irónicamente, su degradación. Este fenómeno crea una dinámica perversa donde el vecino con la llave se erige como «dueño» del espacio, generando conflictos de convivencia y atentando contra la democracia urbana. ¿Con qué derecho un grupo de residentes decide horarios de funcionamiento o restringe el ingreso a otros ciudadanos? Esto es un claro síntoma de una ciudad enferma.
Es imperativo que el Colegio de Arquitectos de Arequipa y la sociedad civil exijamos un cambio de paradigma. Las municipalidades no deben avalar el funcionamiento de “parques cerrados”. Es necesario poner el tema sobre la mesa y exigir planes de gestión que aseguren, en primer lugar, la apertura total de los parques como paso previo indispensable para retirar todas las vergonzosas rejas que nos fragmentan. No obstante, esta apertura debe ir acompañada de un compromiso municipal serio: garantizar la seguridad mediante iluminación eficiente y fiscalización rigurosa que promueva la presencia ciudadana activa, como sucede en cualquier parte del mundo.
Recuperar nuestros parques es recuperar nuestra dignidad como ciudadanos. Mientras sigamos permitiendo que las rejas nos dividan y que la llave de un vecino dicte quién puede disfrutar de una mañana al aire libre, estaremos renunciando a la ciudad que realmente merecen nuestros hijos. La ley es clara; la voluntad política, lamentablemente, brilla por su ausencia.
