Ambiciosas metas que demandan liderazgo
Por Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista
Artículo publicado originalmente en El Comercio
26/08/2026
El nuevo gobierno tiene menos de un mes en funciones y la emergencia generada por el Fenómeno El Niño ha vuelto a poner en evidencia la precaria condición de nuestras ciudades, afectadas por años de inestabilidad política. El Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) no ha sido ajeno a esta situación. Durante los dos últimos gobiernos se han alternado 14 ministros, dificultando la implementación y continuidad de las políticas nacionales. Como consecuencia, la pobreza urbana ha pasado del 17% al 24% en diez años, la informalidad en la ocupación del suelo y la construcción de viviendas se ha agudizado, y la vulnerabilidad ante desastres se ha incrementado, alcanzando al 40% de la población de Lima y el Callao.
En respuesta, Fuerza Popular planteó objetivos ambiciosos en su Plan de Gobierno, que deberá empezar a implementar a la brevedad para poder alcanzarlos en los cinco años de gobierno. Los más destacados son la construcción de 1,25 millones de viviendas, la ampliación de los programas del Fondo MiVivienda (FMV), el desarrollo del mercado formal de alquiler, el reforzamiento de viviendas y reubicación de familias en zonas de riesgo no mitigable, la obligatoriedad de la planificación urbana y la promoción del catastro, así como el desarrollo de ciudades inteligentes y polos urbanos regionales.
Estas propuestas exigen un importante robustecimiento del MVCS a nivel institucional y político, así como un incremento significativo de su presupuesto. Para ello es fundamental asegurar la estabilidad de su conducción y fortalecer sus capacidades técnicas, normativas y operativas para intervenir en el territorio.
Cumplir un reto tan ambicioso como la construcción de 1,25 millones de viviendas demandará mucho más que la ampliación de los programas del FMV. Según la memoria institucional del fondo, en 2025 se colocaron un total de 56,547 subsidios y bonos, la quinta parte de lo que sería necesario cada año para alcanzar la meta del gobierno. Esto contrasta fuertemente con la demanda cuantitativa y cualitativa de viviendas a nivel nacional, que bordea las dos millones de unidades, a la que se suman 140 mil cada año. Por su parte, los programas de vivienda de alquiler mantuvieron cifras muy modestas frente a la demanda nacional, asignando apenas 513 bonos de arrendamiento en 2025. El potencial de este subsidio se ha podido apreciar en la reciente disposición de 2,541 bonos para las familias afectadas por las inundaciones, lo que demuestra que puede pasar de ser una herramienta de emergencia para convertirse en uno de los pilares de la política nacional de vivienda.
La importancia que el Plan de Gobierno ha dado a la planificación y el catastro urbano es especialmente relevante, pues demuestra que para poder cumplir con las propuestas planteadas es necesario gobernar y ordenar el desarrollo de las ciudades. Esta tarea es sumamente compleja, pues, como se ha mencionado en diversas columnas, más del 90% del nuevo suelo urbano del país es de origen informal. Para cumplirla se debe erradicar definitivamente uno de los principales factores que alimentan este fenómeno: la ampliación permanente de los plazos de titulación y formalización, y enfocar los esfuerzos en el fortalecimiento de los servicios urbanos para promover una densificación acompañada de calidad de vida.
En ese sentido, la propuesta de desarrollar ciudades inteligentes y polos urbanos regionales debiera entenderse no como un incentivo para crear nuevas urbes, sino como una estrategia para modernizar, equipar y densificar las que ya existen.
Para poder tener un verdadero impacto regional es prioritario mejorar las capacidades técnicas de las municipalidades, relanzando los Centros de Atención al Ciudadano como oficinas descentralizadas que presten asistencia especializada a los gobiernos subnacionales. Como vemos, las ambiciosas metas del nuevo gobierno exigen acciones inmediatas y decididas. El reto no es solamente construir viviendas, sino recuperar la capacidad del Estado para planificar, ordenar y modernizar nuestras ciudades. Para lograrlo, es indispensable un Ministerio de Vivienda fortalecido y estable, con las capacidades técnicas y los recursos necesarios para liderar esta transformación.