Por Aldo Facho Dede y Carlos Morales
Fuente de imagen: http://gestion.pe/tendencias/lima-lidera-lista-10-peores-ciudades-conducir-america-latina-2170362
En el marco de los festejos por el día de la independencia, El Presidente del Perú, Sr. Pedro Pablo Kuczynski, presentó, ante el Congreso de la República, un proyecto de ley mediante el cual se propone la creación de la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), cuyo objetivo sería el de agrupar las competencias de ambas provincias en una entidad que maneje de forma integral la movilidad urbana de la metrópoli. El lector se preguntará cómo es que algo tan evidente recién se esté planteando como tema de discusión en el congreso, y es por ello que en Urbanistas.lat hemos considerado importante realizar este artículo en el cual les presentaremos la realidad del funcionamiento del nuestro sistema de movilidad, y qué se deberá modificar para que este proyecto de ley pueda funcionar.
Partamos del hecho que dentro del espacio físico de la metrópoli de Lima coexisten la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Municipalidad Provincial del Callao (MPC), ambas equivalentes en rango y competencias, y con plenitud de derechos sobre el territorio que gobiernan. Al amparo de la Constitución Política del Perú y la “Ley Orgánica de Municipalidades” (LOM) tienen competencia, entre otros temas, en materia de tránsito, vialidad y transporte público. En ese marco, ambas municipalidades crean sus respectivas Gerencias de Transporte Urbano (GTU), cuyas principales funciones son las de promover el desarrollo e implementación de planes de movilidad, promover la seguridad vial, organizar los flujos vehiculares y el transporte urbano, “participar en el planeamiento y supervisión de obras de infraestructura vial, y del desarrollo de sistemas integrados de transporte públicos masivos que faciliten la conexión de la ciudad.[1]
Hasta este punto pareciera que el problema sería el de poner de acuerdo a dos organismos municipales, pero el tema es mucho más complejo. Además de estas gerencias existen otras dependencias que tienen que ver con la movilidad: dentro de la MML tenemos a Pro-Transporte, quien se encarga del COSAC I – BRT “Metropolitano”, y a Pro-Tránsito, encargado de optimizar el sistema de gestión y control del tránsito en toda la jurisdicción de Lima Metropolitana. A la mesa también se suma el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), quien tiene a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), encargada de la planificar y administrar la red de Metro de Lima, a ProVias Nacional, encargada de la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), encargado de las actividades o servicios que involucran la explotación de la infraestructura de transporte de uso público y su mercado, incluida la prestación de servicios públicos de transporte ferroviario.
Contra toda lógica, cada uno de estos organismos funciona con autonomía, reglamentando y actuando sobre el mismo espacio físico, sin estar obligados a coordinar entre sí o a subordinarse a políticas de escala metropolitana. Como imaginarán, en muchos casos sus competencias se superponen, lo cual se traduce en mayor gasto público y menor capacidad de fiscalización y control. Convivir en la misma metrópoli, respondiendo a diferentes autoridades políticas, genera enfrentamientos e importantes contradicciones en las políticas de la movilidad, de allí que tenemos, por poner un ejemplo, líneas de transporte público que son inhabilitadas de funcionar en Lima, y que luego son habilitadas por el Callao, o proyectos de transporte público masivo de Lima que son superpuestos por el MTC (COSAC 2 vs. Metro Línea 2).
Es evidente que en este contexto va a ser muy difícil que la precaria situación del transporte en la metrópoli cambie, y es por ello que nuestro presidente ha propuesto el proyecto de ley que estamos comentando, en el que se indica que posterior a su aprobación, se concentrarán bajo su mando las competencias de todas las anteriormente nombradas dependencias, y que tendrá autonomía administrativa, funcional, económica y financiera.
En este punto todos nos preguntamos, ¿qué faltaría para que se apruebe e implemente esta ley?, y la respuesta es tan compleja como el problema que acabamos de exponer. Para que la ATU funcione haría falta que se modifique el artículo 198 de la Constitución Política del Perú, que se refiere a la ciudad capital, y se especifique que, como caso excepcional, las competencias de la MML y la MPC relacionadas con la movilidad urbana se transfieran a un organismo autónomo dependiente del MTC. Esto por consecuencia llevaría a modificar la LOM, y finalmente el ROF de cada municipio y sus distritos. Como imaginarán, esto es sumamente complicado y requiere de importantes consensos políticos.
El ejecutivo ha levantado la valla demasiado alto para nuestra capacidad política de comprender las prioridades y renunciar a nuestros espacios de poder, y es muy probable que este importante proyecto quede en tinta, como han quedado sus antecesores (P.L. Nº 4043-2014 presentado por el congresista Carlos Bruce, y P.L. Nº 828-2016 presentado por la congresista Luciana León). Quizás una propuesta más realista sería la de plantear desde el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía (MEF), que para aprobar cualquier proyecto que tenga que ver con la movilidad (infraestructura viaria, sistema de transporte público masivo, iniciativas privadas, etc.), deberá estar inscripto en un marco de planificación metropolitano (Lima y Callao), y tenga la aprobación de ambas gerencias de transporte urbano. En este contexto, la ATU podría funcionar como soporte técnico y mesa de diálogo, para poder coordinar y complementar los planes de movilidad de ambos municipios, con el objetivo de poder generar un marco de planificación a escala metropolitana.
Lima necesita soluciones urgentes además de grandes reformas, debemos empezar por lo primero, articulando lo segundo en base a nuestra coyuntura política. Mientras tanto… “pie derecho, pisa pisa…”
[1] De acuerdo a lo señalado en las páginas webs de GT-Lima y GTU-Callao.
Fuente: http://www.bancomundial.org/es/results/2017/04/06/preparing-mexico-urban-transport-sector-low-carbon-transition
Budapest, diferentes sistemas modales operando en el espacio urbano. Foto: Aldo Facho Dede 2016
Si realmente queremos resolver los problemas de la ciudad de Lima (no sólo el transporte), debemos reconocer que la ciudad es Lima-Callao, lo que pasa por desmantelar la absurda y anacrónica regulación política del Callao como provincia. Por lo demás, vemos que hay una ardua tarea por delante en conciliar las competencias cruzadas de las diferentes autoridades en los ámbitos del transporte y del tránsito. Tampoco queda claro si la iniciativa presidencial se refiere a ambos ámbitos o sólo al transporte.
Por lo que entendemos, se refiere al transporte, pero se pretende unificar las competencias en una autoridad autónoma, lo cual implicaría modificar la actual estructura de autonomías y competencias. Es a lo que debemos apuntar, pero también debemos ser conscientes de los tiempos políticos y de la urgencia de respuestas para la ciudad. Lo que proponemos es empezar forzando una mesa de diálogo y concertación en políticas metropolitanas de movilidad, por la cual deban si o si pasar los diferentes proyectos de las municipalidades y organismos reelacionados. Evidentemente la forma de obligar es vincular la asignación de recursos o aprobación de proyectos a la planificación y acuerdo entre ambas provincias. Complicado pero posible. Saludos!
Felicidades por el artículo.
Pero dejadme ser pesimista.
Es una grandísima pena ver cómo funcionan las cosas en Lima sabiendo como podrían funcionar.
Son tantos los cambios necesarios que uno no sabe por dónde empezar.
Está claro que una Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), como la hay en las grandes áreas metropolitanas europeas y varias americanas, es parte de la solución, totalmente de acuerdo.
Pero creo que es importante explicar para qué sirve, poniendo ejemplos que la gente de a pie pueda comprender, darle el valor social que conllevaría.
Entre muchas otras cosas, se requiere la regularización del transporte público urbano o interurbano colectivo (minibuses o combis, autobuses, ferrocarriles, tranvias), así como el transporte público o privado individual o de uso particular (taxis, Uber, Cabify, etc).
En efecto, se debe poder regular (normativizar) todo tipo de transporte de personas. Desde la implantación de licencias y persecución y sanción de informalidades, hasta dar garantías a todos los usuarios, sean de La Molina, de San Isidro, de La Victoria o del Callao, de que ese transporte cumpla unas espectativas mínimas de confort, revisiones mecánicas anuales obligatorias, turnos horarios regulados y controlados telemáticamente, etc.
Hay varios aspectos del día a día que también cambiarían. Son aspectos que pueden parecer menores o que, seguramente, la ciudadanía se ha acostumbrado a ellos pero que, cuando sabes que pueden ser distintos, alucinas y no entiendes como puede ser que sucedan. Me refiero a la unificación corporativa de taxis, a el establecimiento de líneas de bus por criterios demográficos, laborales y de interés ciudadano, por encima del interés particular de las empresas que actualmente las lideran, a cuestiones como, por ejemplo, controlar la velocidad, brusquedad y descontrol con el que se conducen los autobuses y minibuses, y un larguísimo etcétera.
Luego hay cuestiones funcionales como la tarifa integrada de transporte público que te permita intercambiar entre distintos vehículos, incluso de distintos sistemas de transporte, para poder llegar de A a B, habiendo pagado una sola vez. Ello conlleva la definición de distintas áreas tarifarias, evidente, pero sistematizaría el uso y costo del transporte para la ciudadanía.
Finalmente, todo esto, lógicamente, generaría muchísima más confianza para el uso del conjunto de sistemas de transporte y, consecuentemente, se usarían más. Ello tendría además muchas otras consecuencias. De carácter ecológico, porque se reduciría el uso de vehículos privados, por tanto la reducción de emisiones de CO2, de caracter social, porque se reforzarían las relaciones sociales y de conscienciación ciudadana de formar parte de un todo. La gente empezaría a creer en su ciudad, a potenciar el respeto por un bien común, etc.
En fin, da para mucho…. ….os animo a seguir en el empeño de mejorar vuestra ciudad.
Si me permitís, os recomiendo que investiguéis sobre el funcionamiento de la ATM de Barcelona, básicamente porque es donde vivo y lo conozco bien. Aldo la conoces tambien por haber vivido por aquí, pero lleva varios años mejorando y proponiendo distintos planes de transporte.
Os recomiendo el estudio de la transformación de las líneas de autobuses y sus recorridos en la ciudad.
Anteriormente, igual que en Lima, existían «n» líneas, que tenían recorridos concretos para ir de A a B, de G a k, o de F a R…. …es decir, lineas que se entrecruzaban en distintos puntos pero que servían, básicamente, para lo que estaban diseñadas. Muchos puntos de la ciudad quedaban sin cobertura o conlíneas de recorridos largos, de poco tránsito, etc.
Actualmente en Barcelona las líneas de autobus definen una especie de «cuadrícula» que cubre casi toda la ciudad, líneas verticales (V1, V2, V3, …, Vn) y líneas horizontales (H1, H2, …., Hn). Ello permite al usuario moverse por la ciudad con total libertad porque SIEMPRE hay una combinación de V+H para llegar de un punto cualquiera X a otro punto cualquiera Y.
Me parece fantástico. Realmente funciona e, incluso, ha facilitado y permitido que se augmente el número total de usuarios de transporte público, porque es más fácil. No hay que memorizar o saber cuál línea coger, o que combinaciones específicas….
Evidentemente, el usuario sólo paga una vez y, además, con el mismo billete, justo después de haber realizado su combinación de autobuses, puede seguir desplazándose, sin pagar de nuevo, tomando el Metro o el Tranvia, hasta llegar a su destino final.
Un saludo!