Por Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista
Publicado originalmente en El Comercio
09/06/2025
Hace dos semanas, el Congreso aprobó trasladar dos puntos porcentuales del IGV al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), con el objetivo de promover la descentralización de recursos para el desarrollo de los gobiernos locales. Con este cambio, el Foncomun pasará del 2% al 4%, y el IGV se reducirá del 16% al 14%.
El Consejo Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como destacados expertos, han advertido que esta decisión compromete la estabilidad fiscal. Los argumentos a favor de la ley se centran en la necesidad de fortalecer la autonomía y capacidad de los gobiernos locales para ejecutar obras sin depender de las transferencias del Ejecutivo.
En teoría esto tiene sentido, ya que los ingresos de la mayoría de las municipalidades son insuficientes para atender las necesidades básicas de la población. Sin embargo, esta situación no se condice con la baja ejecución presupuestal. En 2023, el promedio nacional de gasto en proyectos de inversión por parte de las municipalidades fue de apenas 62,3%, con departamentos como Áncash que no superaron el 44,4%. En 2024 se repitió este patrón, siendo Lambayeque el departamento con peor desempeño. Asimismo, existe una fuerte inequidad en la distribución de los fondos, tenemos municipalidades con menos de 2500 habitantes que reciben más de 100 millones de soles, mientras otras con más de 100 mil habitantes no llegan a los 10 millones.
A esto se suma el problema de la corrupción. Es tristemente común ver a alcaldes implicados en casos graves de malversación vinculados a la obra pública, especialmente en municipalidades que reciben canon. Un ejemplo es la provincia de La Convención (Cusco), donde —según el semanario Hildebrandt en sus trece— una docena de alcaldes han sido condenados, investigados o están prófugos de la justicia.
Todo indica que las carencias de nuestras ciudades no se deben exclusivamente a la falta de recursos, sino a gestiones deficientes o corruptas que, o no saben ejecutar su presupuesto, o lo utilizan para saquear las arcas municipales.
Esta constatación nos permite ir al fondo del problema. Las limitaciones que enfrentan los municipios para planificar y ejecutar obras son, en gran medida, consecuencia de la excesiva fragmentación política del país. El Perú tiene 2,087 municipalidades provinciales y distritales, casi el doble que países como Argentina o Colombia. Para que todas cuenten con una gestión eficiente, necesitaríamos la misma cantidad de equipos técnicos calificados dispuestos a trabajar en todo el territorio, algo que hoy es inviable. Hay pocos incentivos profesionales y económicos para lograrlo, lo que se agrava con la alta rotación de funcionarios y la no reelección de alcaldes, que impide la continuidad de las políticas públicas y proyectos.
¿Qué hacer? Plantear reformas serias que no comprometan la estabilidad fiscal y que aborden las verdaderas causas del problema.
Primero que nada, debemos comprender que crear nuevos municipios sólo agrava la situación. Lejos de mejorar la administración, se dividen los escasos recursos y se crea nueva burocracia, agudizando la pobreza. Los únicos beneficiados son los políticos que ven en ello nuevos feudos de poder.
Segundo, es importante que trabajemos en la reagrupación de las municipalidades, sobre todo de las distritales. El camino son las mancomunidades, que deben promoverse con incentivos técnicos y presupuestales que fomenten una gestión eficiente y sostenible.
Tercero, se debe trabajar en el rediseño de las transferencias monetarias, considerando todas las fuentes y redistribuyendo el dinero de acuerdo con la población y el territorio.
Cuarto, es indispensable descentralizar el talento. Para eso se creó SERVIR, y su relanzamiento debiera ser una prioridad en el marco de la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial. Los Gobiernos Regionales están llamados a asumir un rol activo como articuladores técnicos y políticos del Estado en el territorio.
Finalmente, la planificación debe consolidarse como el mecanismo más eficaz para organizar el territorio y priorizar las inversiones. Para ello, el MEF debe exigir que los proyectos de inversión pública estén enmarcados en los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano para conseguir la viabilidad.
Como vemos, es posible actuar de forma coordinada y decidida para mejorar la gestión y la calidad del gasto municipal. Cuando lo hayamos logrado podremos discutir una reforma de ingresos que fortalezca a las instituciones y que no comprometa la sostenibilidad del país.
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Con la colaboración de Saúl Barrera Ayala, experto en gestión pública.