Por Saúl Barrera Ayala, experto en gestión pública.
Febrero, 2025.
Luego del desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, la entidad que estuvo a cargo de planificar, gestionar, ejecutar y administrar la infraestructura deportiva construida o implementada para dicho evento pasó a llamarse “Proyecto Especial Legado”, y tuvo como responsabilidad administrarla y mantenerla en óptimas condiciones. Dicha entidad venía promoviendo el deporte a través de diversos convenios y proyectos que habilitaban su uso, tanto para deportistas como para la comunidad en general. Cuando el Comité Olímpico Internacional determinó que Lima iba a volver a albergar los JJPP, los reflectores volvieron a apuntar a “Legado” como la entidad que iba a ser responsable de la infraestructura, pero el reciente anuncio del gobierno de extinguirla y pasar su presupuesto y funciones al Instituto Peruano del Deporte ha dejado a especialistas y comunicadores perplejos.
Es importante recordar que “Legado” ha cumplido diversas funciones además de mantener y administrar las sedes deportivas. En el 2020 se le encargó tareas vinculadas al sector Salud por la coyuntura de la pandemia del Covid-19, se habilitó el uso de la Villa Panamericana y de la Videna para esos fines, y se trabajó en la adquisición de bienes prioritarios como balones de oxígeno.
Posteriormente, el 2023 Legado es transferido del MTC a la PCM (también carente de competencias en deporte). Y, se le asignó competencias nuevas para ejecutar inversiones para los nuevos Centros de Mejor Atención al Ciudadano.
En el presente período de gobierno (julio de 2021 a la fecha), el Proyecto Especial tuvo diez (10) directores ejecutivos. Es decir, en promedio cada 4 meses se designaba un nuevo titular.
Como vemos, desde su creación “Legado” estuvo bajo la dependencia de tres ministerios, desarrollando funciones adicionales al ámbito deportivo. Asimismo, no era reconocido por la ley como integrante del Sistema Deportivo Nacional. Esto evidencia que en los hechos nunca hubo una claridad sobre sus alcances, estando permanentemente afectado por decisiones coyunturales. Por otro lado, la promesa del autofinanciamiento nunca se logró. Siempre dependió de los recursos públicos asignados por el Tesoro Público. Desde el 2024 la PCM ya había puesto reparos de seguir asignándole recursos por considerarlos muy altos.
El Proyecto Especial entonces, no era autónomo ni estaba blindado. La alta rotación de su personal directivo así lo evidencia. Y, a pesar de su normativa particular, no ha estado exento de cuestionamientos en algunas contrataciones. Ya en la organización de los Juegos Bolivarianos del 2024 se afrontaron problemas, e incluso existe preocupación por los de este año.
Sin duda, la asignación de recursos suficientes fue importante para lograr un mantenimiento adecuado de las instalaciones a su cargo. Le permitió contratar proveedores especializados para dicha labor. Se asignaba a Legado S/ 48 millones de soles anuales para dicho fin, mientras al IPD para todas las sedes a nivel nacional S/ 4 millones. Asimismo, el presupuesto de Legado en 2024 para planillas y locadores de servicios ascendió a S/ 50 millones, mientras que en el caso del IPD a S/ 38 millones. Es importante asignar los recursos necesarios para mantener la infraestructura desarrollada para Lima 2019 ubicada en la capital, pero es igual de importante promover el deporte con infraestructura adecuada en todo el país.
En cuanto a la infraestructura deportiva de alto rendimiento de la Videna, se debe recordar que el IPD ya había construido en el 2013 el CAR de Vóley. Luego en 2014 inauguró los Polideportivos 1 (para gimnasia, básquet y balonmano) y 2 (badminton, tiro, judo, karate, TKD, lucha, etc.), así como la Residencia Deportiva, la Plazuela y el Velódromo. Desde el 2014 hasta los primeros meses de 2019 el IPD organizó ahí eventos deportivos internacionales y efectúo un mantenimiento óptimo de esas instalaciones. En 2019 el Proyecto Especial culminó con las obras restantes en la Videna: el techado del Velódromo, el Centro Acuático, el Estadio de Atletismo y el tercer polideportivo a un costo de S/ 321 millones. Asimismo, desarrolló las obras en las otras sedes: VMT, VES, Callao, Punta Rocas, etc.
A inicios de 2020 se celebraron convenios por los cuales el IPD entregó sus instalaciones existentes en Videna, y las que se proyectaban desarrollar, a Legado hasta la finalización de los juegos de Lima 2019. Cuando se decidió ampliar la existencia de Legado más allá del 2020, se extendió también la cesión de la Videna.
Entonces, conforme a las disposiciones aprobadas y acuerdos adoptados, había una fecha de retorno programada de dichas instalaciones a favor del IPD, que debía ser el 31 de julio de 2029 (DS 084-2023-PCM), sin embargo, la decisión se adelantó sin mayor aviso o explicación. A partir de aquí surgen los cuestionamientos: ¿Es conveniente extinguir el Proyecto Especial? ¿Era este el momento de hacerlo? ¿Tendrá el IPD la capacidad para lograr un mantenimiento adecuado? ¿Se pone en riesgo la organización de futuros eventos deportivos internacionales?
Solución parcial o integral
Un gran dilema en la reforma del Estado y de la gestión pública, es la estrategia de creación “islas de eficiencia”, entidades nuevas con asignación adecuada de recursos y un marco normativo a medida; frente a la apuesta de reformas integrales de entidades ya existentes que arrastran estructuras y problemas añejos.
Es más sencillo optar por lo primero. Es mejor iniciar de cero, crear algo antes que transformarlo. Pero, la debilidad de dicha estrategia es que seguirá siendo una solución parcial. Pues la entidad nueva, temporal, forma parte de un sistema donde existen otros actores, los cuales no cambian ni se transforman por “contagio” o imitación. Asimismo, se introducen algunas distorsiones, como regímenes especiales temporales que contemplan tratamientos distintos para atender un mismo problema público. El resultado es un Estado esquizofrénico. Resulta más audaz seguir el camino de las reformas integrales, las cuales – es cierto – demanda mayores esfuerzos y son a más largo plazo. Y demandan, sobre todo, de voluntad y consensos políticos.
La relación IPD-LEGADO es un ejemplo de lo mencionado. Se apostó por crear una isla. Se intentó dar permanencia a algo que por ley solo podía tener existencia temporal. No es la primera vez que eso se hace en el Estado peruano (tenemos “proyectos” que incluso han llegado a tener pensionistas).
Si de verdad nos interesa mejorar el sistema deportivo en nuestro país, la apuesta debe ser mayor y mirar a largo plazo. Una que implique remover los cimientos y transformar sus componentes. Las soluciones parciales tienen fecha de expiración. Lo sucedido con Legado nos lo recuerda. ¿Era realmente una buena idea crear una entidad pública de nivel nacional encargada de administrar solo un pequeño número de sedes deportivas ubicadas en una misma ciudad? ¿Si es una buena política, entonces se debe replicar la creación de más proyectos especiales en otros sectores (educación, salud, seguridad) para que asuman la gestión solo de algunas instalaciones?
La atención de la infraestructura deportiva en el país demanda una visión más integral que comprenda, en principio, a todo el territorio nacional. Y que vea desde la planificación hasta la operación de la misma. Una demanda que se viene planteando desde hace tiempo es una reforma del sistema deportivo. Se debe rediseñar los roles de todos sus actores. Evaluar si debemos seguir manteniendo una figura como el IPD actual, que ha terminado siendo el INDER debilitado creado en la década de 1970 y con escasos recursos. Usado muchas veces como botín político.
Chile podría ser un referente cercano para realizar una comparación. Sin duda, la organización de Lima 2019 superó la de Santiago 2023. Pero, en las acciones posteriores Chile hizo mejor las cosas. Dos ejemplos: 6 meses después de Santiago 2023 los departamentos de su Villa Panamericana fueron entregados a la población destinataria y están hoy plenamente ocupados. En cambio, luego de 6 años (¡!) los departamentos de la Villa Panamericana de Lima 2019, que demandó un gasto público de S/ 500 millones, siguen sin ser entregados y ya muestran deterioro. Es el elefante blanco que nos dejó Lima 2019. Incluso los medallistas siguen reclamando la entrega de los departamentos prometidos como premio.
Otro ejemplo: Chile, dentro de la estructura de su Instituto Nacional de Deportes, creó una Unidad de Grandes Eventos Deportivos para que se encargue de organizar todas las competiciones internacionales de envergadura que impulsa, y que están alineados a sus objetivos estratégicos deportivos. Justamente un peruano está a cargo de la misma (Gustavo San Martín). Mientras en Perú es conocido el distanciamiento y las pugnas existentes entre IPD y Legado.
Respondiendo a las preguntas anteriores, Legado tarde o temprano debía extinguirse, y el IPD debe ser fortalecido para asumir la gestión de su infraestructura, incorporando y rescatando a funcionarios probos y competentes. Ahora, se deben hacer los esfuerzos necesarios para realizar una transferencia ordenada que garantice que no se afectará la preparación, entrenamiento y demás actividades de los deportistas y demás usuarios de las instalaciones, así como los próximos eventos deportivos.
Bajo lo expuesto, la desaparición de Legado podría no ser del todo negativa, salvo que responda a intereses que no han sido transparentados. Lo que sí debemos exigir es que dicha medida esté enmarcada en un proceso serio y de largo plazo, que tenga como objetivo impulsar una reforma integral y descentralizada del sector deportes del país. Asimismo, la transferencia debe ser ordenado, garantizando que no se afecte a los deportistas y la preparación de los importantes eventos deportivos que tenemos en agenda hasta el 2027.