Una nueva etapa para el desarrollo territorial del país
Por Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista
Artículo publicado originalmente en El Comercio.
09/04/2025
La semana pasada se publicó la Ley de Ordenamiento Territorial (OT), que establece sus principios y objetivos, crea el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SINADOT), y asigna a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la rectoría del sistema. Culmina así un proceso iniciado en 2019, articulado por el Viceministerio de Gobernanza Territorial, que involucró a ministerios, gobiernos regionales, Congreso y sector privado. Se abre una etapa donde el desarrollo nacional podrá ser abordado desde una mirada integral, articulando la sostenibilidad, competitividad y diversidad con la cohesión social y territorial.
Los Gobiernos Regionales (GOREs) serán las entidades responsables de formular e implementar los instrumentos de OT, bajo la asistencia y monitoreo de la PCM. Esto fortalecerá la toma de decisiones consensuadas en sus territorios, permitiendo alinear los intereses sectoriales, empresariales y sociales, primando consideraciones asociadas a la protección del hábitat y los ecosistemas, la gestión del riesgo y del cambio climático, y el desarrollo económico y social.
La nueva normativa favorecerá la inversión pública y privada formal al aportar previsibilidad, seguridad y transparencia. Esto reducirá la discrecionalidad de políticas populistas y contribuirá a prevenir conflictos sociales y ambientales, ya que el OT, por su naturaleza multisectorial y territorial, permite evaluar integralmente los impactos de las actividades económicas sobre el espacio y la comunidad.
Asimismo, el OT permitirá orientar las políticas más allá de los ciclos políticos, mejorando la calidad de la inversión pública, en especial en proyectos de alcance regional o nacional. Así lo reconoce el reciente informe del Banco Mundial sobre las perspectivas de crecimiento del Perú, que considera la aprobación de la Ley y la política de OT como condiciones clave para mejorar el desempeño regional. Su adecuada reglamentación e implementación aportará a reducir el tiempo que necesitamos para convertirnos en un país de ingresos altos.
Sin embargo, la Ley pudo ser más ambiciosa. La propuesta original del Ejecutivo planteaba que el OT tuviera carácter vinculante, lo que hubiera fortalecido la gobernanza y los acuerdos. La versión aprobada lo deja como instrumento orientador, lo que exigirá un mayor esfuerzo para consolidar consensos y trasladar su obligatoriedad a instrumentos sectoriales y normativos.
Ante ello, la reglamentación jugará un rol clave. En primer lugar, es necesario que el requerimiento de opinión previa de la PCM no se convierta en un cuello de botella. Para ello, deben definirse plazos claros y procedimientos expeditivos. En segundo lugar, el reglamento debiera ordenar el accionar de los GOREs y de los municipios, fortaleciendo su autonomía en el marco de la descentralización y de sus competencias.
En tercer lugar, urge avanzar hacia una simplificación de los instrumentos de planificación, alineando el desarrollo humano con el ordenamiento del territorio, y articulando a los distintos sectores y niveles de gobierno. Necesitamos herramientas simples, integrales y funcionales que puedan ser aplicadas por los gobiernos subnacionales. En ese sentido, el reglamento deberá aclarar el alcance de los “Planes de Ordenamiento Territorial Estratégicos y Productivos” introducidos por el Congreso, para evitar solapamientos con los planes regionales.
Finalmente, el reglamento debe proponer una estrategia financiera que asegure la viabilidad y sostenibilidad de las inversiones asociadas al OT.
Contar con una Ley de Ordenamiento Territorial debería llevarnos a reflexionar sobre la importancia de sostener las políticas públicas. En los cinco años y medio que tomó su aprobación, el país tuvo cinco presidentes, catorce primeros ministros y doce viceministros de gobernanza territorial. Esta inestabilidad dificulta la ejecución de reformas estructurales y proyectos de mediano y largo plazo. En ese contexto, son los servidores públicos quienes sostienen la institucionalidad del Estado, protegen los procesos y los orientan hacia su concreción. A ustedes, gracias por su compromiso, esfuerzo y perseverancia.
“La aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial es un hito que debe marcar el inicio de una planificación coherente, descentralizada y sostenible, más allá de los ciclos políticos.”