Por Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista
Artículo publicado originalmente en El Comercio
La tragedia ocasionada por la caída del techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo ha generado la reacción inmediata de municipalidades e instituciones responsables de velar por la seguridad en las edificaciones. Las primeras han sido la clausura preventiva de centros comerciales, y el retiro de un proyecto de ley que buscaba otorgar vigencia indefinida a los certificados de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE).
Mientras estábamos procesando esta desgracia, un incendio de gran magnitud se desató en la zona de Barrios Altos del Cercado de Lima. El siniestro se habría originado en un edificio construido ilegalmente, y usado como depósito clandestino, afectando a casi la totalidad de la manzana. En el entorno del incendio se han podido identificar decenas de edificios similares, construidos con total impunidad en pleno Centro Histórico de Lima.
Ambas tragedias pudieron evitarse, pero presentan diferencias relevantes que debemos analizar. En el caso del Real Plaza, se cuenta con un registro del proceso de diseño, construcción y habilitación que permitirá esclarecer las causas y determinar las responsabilidades. Asimismo, hay una empresa a quien demandar por la desgracia ocurrida. En el caso del almacén, nada de esto existe. Al ser una edificación clandestina no hay registro de la construcción ni se cuenta con una ITSE que haya podido verificar la seguridad del inmueble. En consecuencia, será difícil encontrar a los responsables y casi imposible que alguien se haga cargo de los daños ocasionados.
Otro punto relevante es la recurrencia. Esta debe ser la primera vez que colapsa una estructura de un centro comercial formal en el país. En contraste, en los últimos 25 años se han registrado al menos diez incendios graves solo en el Cercado de Lima, incluyendo el de Mesa Redonda (2001), la Galería Nicolini (2017), y el reciente incendio en Barrios Altos. Los familiares de las víctimas de los dos primeros aún esperan justicia.
¿Qué lecciones debiera dejarnos estas desgracias?
Es importante reforzar que el mayor peligro para la vida y el patrimonio se concentra en el sector informal e ilegal. Construcciones clandestinas como los depósitos de Barrios Altos son bombas de tiempo que están desperdigadas por todas nuestras ciudades poniendo en riesgo nuestra seguridad. Las municipalidades deben asumir su responsabilidad.
Asimismo, tan relevante como la apropiada ejecución de un proyecto es que tenga un adecuado mantenimiento. Aspectos críticos como las estructuras, los sistemas de seguridad y de evacuación deben ser revisados permanentemente. Para ello las ITSE deben ser vistas como una herramienta de verificación, y no como un escollo burocrático a resolver.
En ese sentido, podríamos encaminar la siguientes acciones:
Fortalecer la fiscalización. Las municipalidades deben contar con mayor capacidad técnica y respaldo legal para clausurar y demoler edificaciones. La Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificación les otorgan estas facultades, y estas han sido reforzadas con las leyes N°31914 (2023) y N°32035 (2024), pero en la práctica las actuaciones se ven bloqueadas por acciones de amparo y procesos judiciales que terminan favoreciendo a los infractores y delincuentes. El Congreso y el Poder Judicial deben trabajar junto a la Asociación de Municipalidades para identificar las barreras y resolverlas, entre las que está el que se exija una orden judicial para realizar una fiscalización.
Fortalecer la capacidad técnica e independencia de los inspectores. Para ello, los colegios profesionales debieran ser los encargados de seleccionar a los especialistas para ejecutar las ITSE, como ocurre con las comisiones técnicas de edificaciones, ofreciéndoles respaldo institucional y legal para defender su posición. Esto también aportaría transparencia y objetividad al proceso.
Exigir planes de mantenimiento preventivo detallados, que incluyan revisiones de mayor profundidad con equipos especializados, como requisito para la conformidad de obra o la licencia de funcionamiento. En las ITSE se debería verificar su cumplimiento.
Si bien es difícil extraer algo positivo de una tragedia, si comprendemos integralmente los problemas y encaminamos medidas estructurales para abordarlos, podremos evitar que estas historias se repitan.
Con la colaboración del Colegio de Arquitectos del Perú.