Por Alvaro Espinoza, investigador de GRADE
Publicado originalmente en El Comercio
El Presidente de la República acaba de anunciar que buscará titular todos los terrenos urbanos ocupados irregularmente hasta el año 2014 (el límite permitido actual es el 2004). Este simple anuncio, que ha pasado casi desapercibido, tiene dos nefastas consecuencias inmediatas.
Por un lado, se confirma una vez más que la política real de vivienda popular del Estado Peruano de los últimos 70 años consiste en permitir la ocupación informal/ilegal de tierras y luego titularlas y proveerlas de infraestructura y servicios básicos. Por otro lado, esta constatación valida las promesas que hacen los traficantes de tierra a sus clientes potenciales: que el terreno que les venden eventualmente tendrá título y servicios, y por tanto, valen más de lo que parece. De hecho, gracias a este anuncio, hoy los traficantes de tierra pueden vender ‘sus’ terrenos a un mayor precio que ayer, lo que vuelve el tráfico ilegal aún más rentable de lo que ya era.
«Por otro lado, esta constatación valida las promesas que hacen los traficantes de tierra a sus clientes potenciales: que el terreno que les venden eventualmente tendrá título y servicios, y por tanto, valen más de lo que parece.»
Este incremento especulativo del precio de las tierras, que incorpora la expectativa de formalización gratuita, distorsiona todo el mercado de nuevo suelo urbano: con suelo más caro, los proyectos de vivienda social resultan inviables, ya que los bonos existentes no alcanzan para financiar el costo del terreno más la construcción de viviendas. Asimismo, los lotes formales, que sí cuentan con título, infraestructura y servicios desde un inicio, se encarecen y se vuelven menos accesibles. Es por ello que el 90% de la expansión urbana del país en los últimos 20 años es de carácter informal, como muestra un estudio reciente de GRADE.
«Es por ello que el 90% de la expansión urbana del país en los últimos 20 años es de carácter informal, como muestra un estudio reciente de GRADE.»
Así, esta política que parece sensible y orientada a los más pobres, en realidad beneficia principalmente a los traficantes. Las familias pagan más de lo que deberían por un lote sin ninguna habilitación, y tienen que esperar en promedio 14 años para recibir los servicios básicos ‘gratuitos’ del Estado, viviendo todo ese tiempo en las condiciones de precariedad absoluta que conocemos, y creando las ciudades caóticas y desordenadas en las que vivimos. Más aun, esta “política” prácticamente elimina la opción de acceder a viviendas sociales, para no hablar de los enormes costos adicionales en que debe incurrir el Estado para habilitar áreas que ya están ocupadas.
«Más aun, esta “política” prácticamente elimina la opción de acceder a viviendas sociales, para no hablar de los enormes costos adicionales en que debe incurrir el Estado para habilitar áreas que ya están ocupadas.»
Una política de vivienda realmente sensible no consiste en titular suelo urbano precario, sino en generar alternativas de acceso a vivienda digna, o al menos a lotes adecuadamente habilitados, para que las familias que la necesitan no tengan en los traficantes de terreno su única opción viable. Generar esta oferta y hacerla accesible, no es imposible. Al contrario, los recursos que ya invierten las familias en terrenos y vivienda, sumados al enorme gasto que realiza el Estado para sanear las ocupaciones informales, son base suficiente para cambiar radicalmente la manera en la que crecen nuestras ciudades. Eso sí, el cambio de paradigma requiere más trabajo y creatividad que la política actual de dejar hacer y luego subsanar.
Solo cuando las familias de bajos ingresos tengan opciones más atractivas que ocupar terrenos ilegales, tendrá sentido proceder con la regularización del suelo ya ocupado informalmente. Es tiempo de empezar a romper el círculo vicioso que crea la política actual, no de reforzarla.
Fuente de la imagen: https://www.ipe.org.pe
Las políticas públicas en materia de asistencia social y fundamentalmente, en el tema de la vivienda, se han venido direccionado hacia el argumento de la “subsidiaridad”, hecho que al parecer, es más fácil de manipular por el contubernio entre el Estado y las entidades privadas como las Cajas de Compensación Familiar (caso colombiano), quienes manejan los recursos públicos y los ahorros familiares con su “buen criterio”, el cual y generalmente, obedece a la clientela política.
La Constitución Política Colombiana promulgada en 1991, en su fundamental principio de descentralización, dio autonomía a los municipios para “procurar” su desarrollo, pero sin recursos, y los pocos que asigna el Estado nacional a los entes territoriales, nunca serán suficientes para lograr consolidar el estado de bienestar de la gente y menos, superar el umbral de la pobreza. En materia de vivienda social, la situación es cada vez más lamentable, debido al mercado especulativo del suelo urbano el cual y por lo general, es manejado por los desarrollistas inmobiliarios, a quienes muy poco les preocupa la construcción de una vivienda digna y muchos menos, el desarrollo urbano sostenible.
Seguiremos presenciando, el crecimiento de la ciudad informal con todas sus injusticias y precariedades; si por allá llueve, por acá no escampa.
Saludos Álvaro, interesante su reflexión.