Por Cesar Simborth, Arquitecto-Urbanista especialista en Transporte e Infraestructura
03/07/2024
¿Porque tenemos pésimos servicios de transporte público en las ciudades Peruanas?
A todos nos sobrecogió la noticia de que en Lima se permitirá la operación de combis y buses con hasta 35 años de antigüedad (desde 1990), sin embargo, este suceso únicamente parece repetir un ciclo histórico de malas decisiones públicas que a largo de las últimas 4 décadas, han devenido en el caos actual que impera en nuestras ciudades.
En el año 1991 se publicó el Decreto Legislativo N° 651 durante el Primer Gobierno de Fujimori, en el cual se liberalizo la provisión de los servicios de transporte público, dando pie a que personas naturales y empresas precarias sin ningún expertise, know how, o experiencia en la operación de tan elemental servicio, accedan con escasos requisitos y una exigua intervención de del estado, a ser proveedores de transporte público. Concibiendo a este último, como si se tratase de cualquier servicio o negocio privado. Adicionalmente el propio estado abrió puertas a la importación de vehículos usados, conjurando con ello la fórmula perfecta del descalabro que hemos vivido durante estas últimas décadas.
Desregulación vs regulación de servicios de transporte público
En el funcionamiento de un territorio y sus ciudades, las cuales aglomeran centenas de miles, o millones de habitantes, sobre una misma huella urbana, se concentran y superponen un sinnúmero de funciones urbanas, actividades económicas, y redes de infraestructura y de servicios que por su naturaleza son esenciales para la existencia de una sociedad. Por ejemplo, las redes de agua y desagüe, energía, telecomunicaciones, y el transporte (de personas y mercancías).
Sin los servicios de transporte (más aun en sociedades en donde la mayor parte de la población no tiene transporte privado), las personas no podrían acceder a sus centros de trabajo, estudio, abastecimiento, recreación, hacer funcionar sus industrias, ni acceder a otras funciones importantes. Asimismo, el transporte es la sangre que mueve las grandes cadenas logísticas de distribución de alimentos, y bienes de consumo que requerimos para vivir y funcionar como sociedad.
El transporte público, además, tiene una contribución capital en la reducción de la huella de carbono (contaminación del aire) y la huella de espacio vial consumido por habitante (per-cápita) en nuestras ciudades. Mientras que una persona que se mueve en auto usa 8 a 10 m2 de espacio vial, una en transporte público consume en promedio 30 veces menos espacio, contribuyendo ampliamente en la reducción de la congestión vehicular y de la contaminación urbana.
Es por estas razones de vital importancia que, en países más avanzados (Chile, Argentina, Europa, Asia), existe una regulación cercana de parte del estado, sobre la calidad y cantidad en la oferta de estos servicios, y una gran preocupación por su financiamiento, de forma que estos sean siempre atractivos, competitivos con el transporte privado, y accesibles para la mayor parte de la población (Flota nueva, carriles bus o vías especiales, estaciones y paraderos, pago electrónico ágil, conexiones e integración con otras líneas, tarifas sociales). En el Perú, parecemos hacer exactamente lo contrario.
Financiamiento de los servicios de transporte público
Desde el año 1991 en el cual el estado promovió la liberalización del transporte de personas en las ciudades, y por espacio de varias décadas pareciera haber calado en la forma de pensar del funcionario público tradicional, que el transporte público es un negocio privado y que por ende el estado, no debería de participar de su financiación. Dejando esta responsabilidad a un precario sector privado, y su gestión acompañada de una mínima regulación a las municipalidades.
Afortunadamente, estas concepciones han venido cambiando recientemente. Es así que el estado, a través de sus instituciones y cuerpo normativo, está volviendo a incrementar su participación al respecto. Es por ello que en el año 2018 se aprueba la Ley 30900 que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, estableciéndose en su primera disposición complementaria que el transporte de personas es un “Servicio Público”. Por otro lado, en el año 2019 se aprueba a través del DS. N.° 012-2019-MTC, la “Política Nacional de Transporte Urbano”, en donde se establece como Objetivo Estratégico la creación de Sistemas Integrados de Transporte en las ciudades del País. Asimismo, ese mismo año se crea a través del DS. N° 027-2019-MTC el “Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible” PROMOVILIDAD con el fin de ayudar a 29 Municipalidades del Perú a desarrollar e implementar Sistemas Integrados de Transporte.
Transporte Publico de Calidad para desarrollar el Perú
Todo este nuevo cuerpo normativo y orientador (Políticas, normas y programas de fortalecimiento en el nivel nacional) sin embargo, carece aún de un robusto brazo financiero y ejecutor, que desarrolle con apremiante velocidad los estudios requeridos, ejecute las inversiones necesarias, y provea de los recursos humanos (equipos calificados) y de la maquinaria institucional imprescindible en el nivel municipal, para gestionar estas reformas y hacer realidad este objetivo país.
Únicamente se tiene como resultado en el momento presente, avances parciales en el servicio (en operación) en unas pocas ciudades (Lima, y Arequipa), y un sinnúmero de planes, estudios y proyectos en múltiples ciudades, que, a paso de tortuga, llevan décadas transitando por las oficinas del estado, sin una materialización tangible en los servicios públicos de transporte que anhelan los más de 26 millones de habitantes urbanos en todo el país.
Sobre su importancia económica, no olvidemos que, a nivel global, las ciudades son hoy en día el nuevo motor de las economías de los países, y dentro de estas son justamente los “Sistema de Transporte” (de personas y mercancías), el principal factor inductor de desarrollo. El transporte público es la sangre que alimenta el territorio, y permite a las grandes masas de personas movilizarse para obtener su sustento diario, vincularse entre sí, y progresar económica y socialmente. Finalmente, el transporte público es la expresión más democrática que puede haber en una sociedad, dado que allí no hay pobres ni ricos, no hay Mercedes Benz, BMWs, ni Ticos, dado que mientras viajamos todos valemos ante el sistema, lo mismo que cuesta un pasaje (sea 1,2 o 3 soles).