Por Karin De Poortere, arquitecta urbanista.
En esta pandemia todos recomiendan #QUEDATE EN CASA, pero para muchos la cuestión es ¿EN CUÁL CASA?. Es urgente entonces que bajo la solidaridad global se enmarque la “vivienda como infraestructura de atención fundamental”[1] para sobrevivir la crisis presente y para redireccionar el futuro de las ciudades.
En Colombia, el Censo DANE 2018 muestra que 36.6% del total de hogares está en déficit habitacional (5.2 millones), de los cuales 1,6 millones están en hacinamiento (5 o más personas por dormitorio); esa es la magnitud de la crisis habitacional que vivimos.
Esta situación se ha agravado a partir del inicio de la cuarentena, a miles de familias la precariedad de sus viviendas no les ha permitido cumplir con las recomendaciones sanitarias para prevenir la propagación del Covid-19 y además muchos han perdido el sustento económico. El resultado de esta desigualdad salta a la vista: según el Ministerio de Salud a 19/08/2020 se reportan en Colombia 489.000 personas contagiadas y 15.600 fallecidas, números que pesan sobre la indiferencia de nuestros gobernantes.
Ante ello urge ampliar los tipos de vivienda que cuentan con subsidio estatal para incluir las familias de menores ingresos, a las cuales el sistema financiero considera “no aptas para crédito” y el mercado formal no les ofrece productos.
Debemos usar esta crisis como una oportunidad para restructurar la forma como diseñamos y gestionamos un hábitat de calidad para todos, cambiando la oferta de casas de áreas mínimas en entornos incipientes que actualmente ofrece el sector privado en proyectos subsidiados, por alternativas de calidad que lleguen a más familias pobres.
“Debemos usar esta crisis como una oportunidad para restructurar la forma como diseñamos y gestionamos un hábitat de calidad para todos, cambiando la oferta de casas de áreas mínimas en entornos incipientes que actualmente ofrece el sector privado en proyectos subsidiados, por alternativas de calidad que lleguen a más familias pobres.”
Hay que dejar de pensar que el problema es la oferta de unidades inmobiliarias, y comprender que no pueden existir casas sin ciudad de calidad; su adecuada gestión aportará a la reducción de inquilinatos y de oferta ilegal de suelo en barrios subnormales o emergentes[2].
Los recurso públicos tienen que redireccionarse para ofrecer barrios de calidad con núcleos de vivienda que permitan crecimiento interno, con condiciones urbanas que favorezcan la integración social y espacial de las comunidades con la ciudad.
“Los recurso públicos tienen que redireccionarse para ofrecer barrios de calidad con núcleos de vivienda que permitan crecimiento interno, con condiciones urbanas que favorezcan la integración social y espacial de las comunidades con la ciudad.”
Es necesario ofrecer mejores estándares de habitabilidad, explorar soluciones de diseño flexibles, con tecnología y materiales que aporten a la sostenibilidad global, así como entender la vivienda no como mercancía o producto cerrado, sino como un proceso en continuo desarrollo, donde el sujeto que la habita y su calidad de vida sean el foco de atención.
Hay que crear comunidades de vivienda incremental en entornos urbanos equipados, con calles completas, parques, equipamientos y mezcla de usos. Es imperativo promocionar la oferta formal de barrios que interpreten la forma en que históricamente las familias van moldeando su entorno habitacional privado y aumentando el área construida para desarrollar sus actividades.
“Hay que crear comunidades de vivienda incremental en entornos urbanos equipados, con calles completas, parques, equipamientos y mezcla de usos. Es imperativo promocionar la oferta formal de barrios que interpreten la forma en la que históricamente las familias van moldeando su entorno habitacional privado y aumentando el área construida para desarrollar sus actividades.”
La incrementalidad no es algo nuevo. En los años 60s y 70s con apoyo del Banco Mundial se ejecutaron en Latinoamérica muchos programas de desarrollo progresivo, o lotes-con-servicios (Vivienda-incremental 1.0) como el proyecto PREVI en Perú y Guacamayas o Ciudad Bachué en Colombia.
En 2020 y a raíz de las enormes fisuras sociales que esta pandemia deja al descubierto, en el equipo de investigación de IDÓNEA Consultoría hemos diseñado una propuesta para abordar los problemas antes planteados, a partir de la construcción de Barrios de Urbanismo al 100% – hábitat de calidad, donde además se ofrezcan lotes de mediano tamaño con una estructura espacial polivalente que permita flexibilidad y crecimiento a partir de un prototipo de vivienda de desarrollo progresivo interior, donde fácilmente se construye el entrepiso para duplicar el área construida.
Las viviendas están propuestas para ser ampliadas por sus propietarios con la asistencia técnica del Estado, los colegios profesionales y la academia, pensadas para evolucionar adaptándose en el tiempo a las posibilidades económicas y la composición social de sus habitantes, pudiendo pasar de núcleos de vivienda mínima a buenas “casas de clase media”,[3] que además incrementan su valor de cambio y el patrimonio familiar.
El éxito de la financiación y gestión estatal del estos nuevos hábitat con vivienda social de calidad dependerá de la decidida aplicación de los instrumentos de planificación y gestión del suelo derivados de la Ley N° 388 de 1997: declaratoria de utilidad pública, participación en plusvalías, control de precios del suelo, declaratorias de desarrollo o construcción prioritaria, entre otros; así como de novedosos diseños y materiales sostenibles accesibles a través de bancos de materiales estatales o comunitarios.
“Esta pandemia del Covid-19 puede ser una oportunidad estratégica para ofrecer nuevas alternativas de provisión de hábitat para los hogares de menores ingresos como las comunidades de vivienda incremental, promoviendo la participación directa del Estado en su provisión a través de subsidios, diseños urbanísticos-arquitectónicos innovadores y materiales que aporten a la sostenibilidad global.”
Esta pandemia del Covid-19 puede ser una oportunidad estratégica para ofrecer nuevas alternativas de provisión de hábitat para los hogares de menores ingresos como las comunidades de vivienda incremental, promoviendo la participación directa del Estado en su provisión a través de subsidios, diseños urbanísticos-arquitectónicos innovadores y materiales que aporten a la sostenibilidad global; hábitats que además pueden ser replicadas en muchos entornos Latinoamericanos.
[1] C. Ortiz y C. Boano. DPU 2020
[2] Más del 50% del crecimiento de las ciudades y municipios colombianos, es de origen informal. Según un estudio realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia 2019.
[3] Parafraseando a Alejandro Aravena.
Apreciada Colega,
Muchas gracias por compartir sus reflexiones, muy a lugar, en esta época de dificultades como consecuencia de la crisis ambiental y la pandemia; la experiencia colombiana es muy rica en materia de vivienda, porque siempre ha sido insuficiente la intervención del Estado para dar solución al problema de la vivienda y dar respuesta a la demanda de miles de familias; sin embargo, es importante observar que desde los años 50s, se produjo en el país un fuerte movimiento de organizaciones populares que trabajaron en la autogestión, acompañada por profesionales y líderes comunitarios; hecho, que posibilitó la solución de vivienda para muchos hogares en todo el territorio nacional; por ejemplo, la Central Nacional Provivienda, cuyo trabajo fue muy valorado por las comunidades e incluso por algunos gobiernos.
Saludos.