Por Carlos Muñiz Velásquez, arquitecto urbanista.
De acuerdo con los reportes DRM (Gestión del Riesgo de Desastres) del Banco Mundial, se estima que, desde 1980, se han perdido más de dos millones de vidas y alrededor 3 billones de dólares a causa de desastres naturales.
En la última década los daños físicos y económicos aumentaron seis veces cada año [1], principalmente debido a la rápida urbanización de las ciudades, la mala gestión del territorio, la deficiencia en la gobernanza para articular instrumentos técnicos de desarrollo urbano, y la falta de políticas multisectoriales en la gestión de riesgos. Como consecuencia de ello se ha dado una descontrolada invasión y urbanización de áreas rurales y ecológicas, desencadenando procesos masivos de deforestación, urbanización y sobre explotación del suelo con fines agrícolas. Además, estos procesos siguen reduciendo la absorción de las emisiones de dióxido de carbono atmosférico, convirtiendo las áreas urbanas en centros altamente vulnerables ante todo tipo de peligros, ya sean naturales o inducidos por la actividad humana en sus procesos de uso y ocupación del territorio.
“En la última década los daños físicos y económicos aumentaron seis veces cada año, principalmente debido a la rápida urbanización de las ciudades, la mala gestión del territorio, la deficiencia en la gobernanza para articular instrumentos técnicos de desarrollo urbano, y la falta de políticas multisectoriales en la gestión de riesgos.”
En el Perú, el riesgo de desastres sigue en aumento en todas las regiones, deteniendo el desarrollo económico y limitando la vida de las personas. Entre 2003 y 2012, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), reporto más de 44 mil emergencias que afectaron a más de 11 millones de habitantes, ocasionando cuantiosos daños en la infraestructura urbana y en los sectores productivos[2]. Asimismo, durante el primer semestre del año 2019 se registró, en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación – SINPAD, un total de 8,180 emergencias de las cuales la mayoría estuvo asociado a cambios de temperatura, deslizamientos, huaycos e inundaciones. Esos siniestros dejaron como resultado, 20,419 personas damnificadas; 78,336 personas afectadas y 31,986 viviendas afectadas. Además, y en cuanto a infraestructura de salud pública, se registraron 78 centros de salud deteriorados por los efectos y la intensidad de los desastres, de los cuales 8 fueron declarados inhabilitados y 2 destruidos [3]. Por todo ello, es de suma importancia que la gestión de riesgo de desastres sea parte fundamental en los procesos de planificación urbana.
“En el Perú, el riesgo de desastres sigue en aumento en todas las regiones, deteniendo el desarrollo económico y limitando la vida de las personas. Entre 2003 y 2012, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), reporto más de 44 mil emergencias que afectaron a más de 11 millones de habitantes, ocasionando cuantiosos daños en la infraestructura urbana y en los sectores productivos.”
Aunque algo tardío, un paso muy importante se dio con la aprobación de políticas de Estado alineadas a la prevención integral en desastres y riesgos, vinculando lineamientos a la agenda de la Gestión Territorial (aprobada a finales del 2010). Sin embargo, ya a partir del 2011, y con la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD) [2], se establecieron metodologías de análisis e identificación en la gestión de riesgos. En ese marco, en el año 2011 se aprobó la actualización del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (D.S. N°004-2011-VIVIENDA) incorporando, aunque de manera muy general y poco desarrollada, los conceptos básicos para el análisis de riegos en los planes urbanos. Recién en la actualización del año 2016 se va ampliar este enfoque (D.S. 022-2016-VIVIENDA), incorporando dentro de la planificación urbana la “identificación y la localización de zonas vulnerables ante los efectos de los riesgos”.
En la actualidad, y con la creación de La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), se están impulsando nuevos instrumentos y estrategias para identificar y mitigar los futuros escenarios frente desastres, a través del desarrollo de infraestructura natural y de proyectos de inversión pública resilientes a los efectos del cambio climático. Asimismo, se viene trabajando en la mayor precisión de los instrumentos de gestión de suelo, a través de la información geoespacial de nivel multisectorial; involucrando sistemas de alerta temprana de desastres, y articulando información técnica y normativa del la ZEE (Zonificación Ecológica y Económica) y del PAT (Plan de Acondicionamiento Territorial) [4]. Todo ello, buscando asegurar la provisión de servicios ecosistémicos.
A pesar de esto, aun el futuro de nuestras ciudades es incierto por la falta de planes desarrollo que permitan a los gobiernos locales mitigar los efectos de posibles desastres, los cuales podrían llevar, a nivel global, a más de 100 millones de personas a la pobreza extrema para 2030 (informe Invertir en Resiliencia Urbana del DMR). Asimismo, hacia el 2030, sin una inversión significativa en proyectos urbanos que mejoren la respuesta de las ciudades, los desastres naturales podrían costarles a los gobiernos un aproximado de $ 314 mil millones por año [1].
“Por lo antes mencionado, es necesario pensar las ciudades no solo como un territorio que debe ser gestionado y planificado, sino más bien entendido como un nexo clave de relaciones entre personas y ecosistemas; fortaleciendo la participación de la sociedad civil en procesos del desarrollo de la cultura de prevención.”
Por lo antes mencionado, es necesario pensar las ciudades no solo como un territorio que debe ser gestionado y planificado, sino más bien entendido como un nexo clave de relaciones entre personas y ecosistemas; fortaleciendo la participación de la sociedad civil en procesos del desarrollo de la cultura de prevención, así como potenciando las capacidades institucionales para mejorar la gestión de riesgo de desastres. Todo ello, dotando los planes urbanos con instrumentos que permitan a las urbes tener la capacidad para la rehabilitación y recuperación física, económica y social, después de los impactos.
Asimismo, habría que impulsar el desarrollo económico a través de la inversión en sistemas de infraestructura ecológica, y la restauración y rehabilitación de ecosistemas depredados. Porque le cuesta más al Estado reconstruir ante los daños que invertir en resiliencia.
“Asimismo, habría que impulsar el desarrollo económico a través de la inversión en sistemas de infraestructura ecológica, y la restauración y rehabilitación de ecosistemas depredados. Porque le cuesta más al Estado reconstruir ante los daños que invertir en resiliencia.”
Fuente de la imagen: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-produce-fenomeno-nino-costero-20170321120326.html
1. World Bank Tokyo Disaster Risk Management (DRM) Hub. World Bank. 2020. [accessed 05 Sep 2020] Available from: https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement
2. Análisis de la Implementación de la GRD | El PNUD en Perú. UNDP. 2020. [accessed 12 Sep 2020] Available from: https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/analisis-de-la-implementacion-de-la-grd.html
3. Compendios Estadísticos – INDECI Tarea de Todos. INDECI Tarea de Todos. 2020. [accessed 12 Sep 2020] Available from: https://www.indeci.gob.pe/direccion-politicas-y-planes/compendios-estadisticos/
4. Aportes a la Reconstrucción con Cambios – Introducción. SINIA | Sistema Nacional de Información Ambiental. 2020. [accessed 20 Sep 2020] Available from: https://sinia.minam.gob.pe/documentos/aportes-reconstruccion-cambios-introduccion