Por Carlos Muñiz, arquitecto urbanista.
“Nuestro Futuro Común”, término sobre el cual se definió inicialmente lo que hoy se denomina desarrollo sostenible, aquel que se enfoca conceptualmente en atender las necesidades de nuestras ciudades sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones [1]. Implica un cambio general sobre la idea de sustentabilidad, la cual refuerza principalmente la concepción de las relaciones entre los habitantes y su entorno, haciendo uso equilibrado del limitado suelo y sus recursos naturales.
No obstante, y a pesar de que estos lineamientos ya se habían establecido años atrás, hoy en día caminando por cualquiera de las grandes capitales latinoamericanas se observa que la informalidad urbana viene arrasando la riqueza ecológica y haciendo más visible la desigualdad social. Aquella que convive con la congestión del tráfico, la contaminación ambiental y la pobreza; estableciendo un contexto donde 8 de cada 10 personas viven en ciudades completamente urbanizadas [2], las cuales además han fracasado en su intento de frenar la expansión urbana desordenada e improvisada, permitiendo así una alta permisibilidad hacia la informalidad.
«(…) hoy en día caminando por cualquiera de las grandes capitales latinoamericanas se observa que la informalidad urbana viene arrasando la riqueza ecológica y haciendo más visible la desigualdad social. Aquella que convive con la congestión del tráfico, la contaminación ambiental y la pobreza; estableciendo un contexto donde 8 de cada 10 personas viven en ciudades completamente urbanizadas.»
Actualmente, el sistema de planificación urbana de la región está compuesta por normas urbanas y regulaciones de suelo que no han respondido adecuadamente en transformar el tejido urbano informal ni a crear nuevo suelo urbano formal. En consecuencia, la informalidad urbana ha incrementado rápidamente entre el 2010 y 2020 en el 80 por ciento de las ciudades Latinoamericanas, mientras que solo dentro del 20 por ciento, se ha observado una ligera disminución [3]. Además, países como Guatemala, Perú o Nicaragua, carecen en su mayoría de herramientas, marcos legales y normativas de uso de suelo para una planificación urbana sostenible.
«(…) el sistema de planificación urbana de la región está compuesta por normas urbanas y regulaciones de suelo que no han respondido adecuadamente en transformar el tejido urbano informal ni a crear nuevo suelo urbano formal.»
En el Perú, el último marco normativo aprobado para este fin se dio con la implementación del Reglamento de Acondicionamiento Territorial Y Desarrollo Urbano Sostenible [4], el cual cuenta con diversos instrumentos de gestión de suelo y planificación que, al no haber sido reglamentados, o no tener un marco legal que los soporte, han terminado por no ser aplicables. Como consecuencia, en el Perú no existen herramientas que permitan al estado intervenir en la reconfiguración del suelo, orientando o participando junto al sector privado, y capitalizar parte del valor adicional que se genera gracias al potencial constructivo otorgado y/o por el impacto positivo de la obra pública.
«(…) en el Perú no existen herramientas que permitan al estado intervenir en la reconfiguración del suelo, orientando o participando junto al sector privado, y capitalizar parte del valor adicional que se genera gracias al potencial constructivo otorgado y/o por el impacto positivo de la obra pública.»
Asimismo, es necesario contar con mecanismos que permitan movilizar el suelo ocioso, y expropiarlo en el caso que esté en estado de abandono, esto con la finalidad de acelerar su transformación en beneficio de la población. De la misma forma, es importante fortalecer Instrumentos Fiscales, concretamente aquellos que en la actualidad se entienden comúnmente como el impuesto predial y la tributación municipal, ambos enfocados en recaudar impuestos que finalmente pasan a formar parte del presupuesto Municipal. Ademas, se deberían sumar otros específicos que permitan recaudar la mejora o servicio público que beneficie directamente a parcelas adyacentes a la nueva inversión municipal, la que además tendría que estar en proporción a los beneficios otorgados a una determinada zona urbana. Todo ello en la medida que estas inversiones tengan éxito, y que la propiedad dentro del área de influencia incremente su valor, de manera que el valor ganado podría convertirse en un futuro ingreso fiscal, dando así la oportunidad a la Municipalidad de continuar financiando servicios de la ciudad en zonas deterioradas o desatendidas.
Del mismo modo, es necesario hacer un énfasis en los instrumentos de recuperación de plusvalías, los que tendrían que estar acompañados por otros de gestión de suelo. En particular con la herramienta del reajuste del suelo, esta que permite acumular parcelas con el fin de desarrollarlas en conjunto, dándole al suelo un mejor aprovechamiento urbanístico. En ese sentido, el Estado podría generar nuevo suelo para espacios públicos y equipamientos como contraprestación por el incremento del aprovechamiento del suelo regenerado. Por ejemplo, donde hoy hay industrias mañana podría haber edificios de vivienda y centros comerciales, y gracias a ese mayor aprovechamiento en densidad y edificabilidad, entregarse suelo para la construcción de parques, colegios y centros de salud.
«(…) con este panorama de herramientas no operativas e insuficientes, es que se están desarrollando los Planes de Desarrollo Metropolitano de Lima y del Callao (…) El marco normativo vigente no permite que todas las zonas a ser intervenidas puedan reconvertirse, recuperarse o regenerarse, además que tampoco asegura que se pueda financiar adecuadamente la ejecución de los proyectos priorizados.»
No obstante, y con este panorama de herramientas no operativas e insuficientes, es que se están desarrollando los Planes de Desarrollo Metropolitano de Lima y del Callao [5], los cuales buscan mejorar la condición urbana existente, sin mecanismos que permitan reformas importantes en los usos y gestión de suelo. El marco normativo vigente no permite que todas las zonas a ser intervenidas puedan reconvertirse, recuperarse o regenerarse, además que tampoco asegura que se pueda financiar adecuadamente la ejecución de los proyectos priorizados.
A puertas de un nuevo ciclo presidencial, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está impulsando una nueva Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que permitirá la adecuada planificación del territorio y el desarrollo ordenado de nuestras ciudades, de la que se espera también pueda contener una base normativa para todos los instrumentos anteriormente descritos, y que enfatice en el hecho que el aprovechamiento del suelo (público y privado) debe orientarse desde el interés social, ambiental y cultural. De no ser así, el acceso al suelo urbano seguirá siendo manejado y determinado únicamente por el mercado inmobiliario, acentuando una exponencial desigualdad social y urbana.
«(…) el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está impulsando una nueva Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que permitirá la adecuada planificación del territorio y el desarrollo ordenado de nuestras ciudades (…) de la que se espera enfatice en el hecho que el aprovechamiento del suelo (público y privado) debe orientarse desde el interés social, ambiental y cultural.»
BIBLIOGRAFÍA
- https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
- https://www.iadb.org/en/urban-development-and-housing/emerging-and-sustainable-cities-program
- https://www.urbanet.info/learning-from-latin-americas-informal-settlements-and-urban-policies/
- https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-acondicionamien-decreto-supremo-n-022-2016-vivienda-1466636-3/
- https://www.municallao.gob.pe/index.php/noticias/2780-callao-contara-por-primera-vez-con-un-plan-de-desarrollo-metropolitano
Valiosos aportes para una caracterización de la coyuntura urbana en la región metropolitana y la política nacional de vivienda y urbanismo; dos precisiones o aportes: 1) no existe un sistema integrado de planificación urbana y regional o de ordenamiento territorial para los tres niveles de gestión y 2) la institucionalidad existente carece de los recursos humanos y materiales para cumplir con su función, el rol del estado regulador del mercado y garantizar derechos; y el modelo económico neoliberal establece condiciones adversas para la planificación y gestión del desarrollo sostenible reduciendo el estado al mínimo posible. Bajo éstas condiciones estructurales será un desafío el logro de los ODS, la recuperación económica y el ordenamiento de nuestras ciudades.
Muchas gracias Horacio por tu comentario.
Saludos!
Aldo