10 de enero de 2022
Por Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista.
El 2021 ha sido un año complejo para toda la humanidad, marcado por la vacunación masiva en diversos países, los rebrotes de la pandemia producto de las diversas variantes, y la paulatina recuperación económica.
Por Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista.
Desde al menos la década de 1940, con la creación de la Corporación Nacional de la Vivienda, una de las preocupaciones principales del Estado Peruano ha sido que todas y todos tengamos acceso a una vivienda digna, desde donde podamos proyectar el desarrollo de nuestras capacidades y talentos; para ello se han implementado diversas políticas y proyectos, y si bien se ha avanzado en ese camino, estamos todavía bastante lejos de poder lograrlo.
Por Carlos Muñiz, arquitecto urbanista.
“Nuestro Futuro Común”, término sobre el cual se definió inicialmente lo que hoy se denomina desarrollo sostenible, aquel que se enfoca conceptualmente en atender las necesidades de nuestras ciudades sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones. Implica un cambio general sobre la idea de sustentabilidad, la cual refuerza principalmente la concepción de las relaciones entre los habitantes y su entorno, haciendo uso equilibrado del limitado suelo y sus recursos naturales.
Las últimas semanas hemos sido partícipes de un intenso debate en torno al rol que debiera cumplir el valle de Lurín en el desarrollo de Lima Metropolitana, a propósito de la aprobación por parte del Concejo Metropolitano de Lima del Reajuste Integral de Zonificación (RIZ) del distrito.
Por Álvaro Espinoza Benza, economista investigador.
En el Perú urbano se forman poco más de 140.000 hogares nuevos al año. El problema es que cerca de 100.000 de estos terminan habitando viviendas producidas informalmente –en su mayoría precarias, sin servicios básicos ni infraestructura urbana adecuada– o simplemente pasan a formar parte de la población que vive en condiciones de hacinamiento.
Por Carlos Muñiz Velásquez, arquitecto urbanista.
En los últimos años se han iniciado incontables debates académicos y técnicos que concluyen en la exigencia al derecho de contar con una vivienda digna, fundamentalmente porque tal derecho se entiende como un activo sustancial que permite proteger a los grupos familiares de la pobreza. (…) no se puede hablar de políticas contra la desigualdad y la pobreza, si no se logra primero el derecho pleno a vivir dignamente