Por Carlos Muñiz Velásquez, arquitecto urbanista.
Luego de un largo y complejo 2020, hemos finalmente entrado al año del bicentenario de la independencia del Perú, para el cual el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) ha establecido una serie de ejes estratégicos con la finalidad de sentar las bases para lograr un país desarrollado, competitivo y sostenible.
Uno de esos ejes es que todas y todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de acceso a los servicios básicos y a la vivienda, lo que implica no sólo reducir la brecha en infraestructura, sino, sobre todo, reducir las deficiencias estructurales de nuestras ciudades. Al respecto, en los últimos años se han iniciado incontables debates académicos y técnicos que concluyen en la exigencia al derecho de contar con una vivienda digna, fundamentalmente porque tal derecho se entiende como un activo sustancial que permite proteger a los grupos familiares de la pobreza. En otras palabras, no se puede hablar de políticas contra la desigualdad y la pobreza, si no se logra primero el derecho pleno a vivir dignamente.
“(…)en los últimos años se han iniciado incontables debates académicos y técnicos que concluyen en la exigencia al derecho de contar con una vivienda digna, fundamentalmente porque tal derecho se entiende como un activo sustancial que permite proteger a los grupos familiares de la pobreza. (…) no se puede hablar de políticas contra la desigualdad y la pobreza, si no se logra primero el derecho pleno a vivir dignamente.”
En la actualidad, el Estado viene empleando mecanismos desde el sector ejecutivo que promueven por medio de la acción publica y privada el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, y así contribuir en reducir el déficit habitacional a nivel nacional. El cual, y de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), al 2019 había al rededor de 1 millón 600 mil familias sin casa propia y, por ende, sin condiciones básicas para vivir [1]. Adicionalmente, y considerando los datos de GRADE, el 93% del nuevo suelo urbano creado en las dos últimas décadas ha sido informal [2], es decir, asentamientos humanos donde emerge la vivienda precaria y autoconstruida sin infraestructura ni servicios urbanos.
“(…) al 2019 había al rededor de 1 millón 600 mil familias sin casa propia y, por ende, sin condiciones básicas para vivir [1]. Adicionalmente (…) el 93% del nuevo suelo urbano creado en las dos últimas décadas ha sido informal [2], es decir, asentamientos humanos donde emerge la vivienda precaria y autoconstruida sin infraestructura ni servicios urbanos.”
Según datos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), se estima que anualmente se requiere un promedio de 450 mil viviendas, la mayor parte en Lima y Callao, y que el sector formal sólo oferta alrededor de 90 mil [3]. En ese sentido, y ante la necesidad de una respuesta urgente, el gobierno ha venido implementando programas de vivienda social y subsidios habitacionales. Precisamente, para el 2019, se desembolsó un poco más de 10 mil bonos del Nuevo Crédito MIVIVIENDA, alrededor de 53 mil desembolsos del Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, así como otros de menor cantidad para el mejoramiento y reforzamiento físico de la vivienda [4].
Sin embargo, y al saber el enorme número de viviendas informales sobre asentamientos precarios, estos subsidios deberían estar más enfocados en el reforzamiento y mejoramiento de las edificaciones. Ello con el objetivo de reducir significativamente el colapso por riesgo sísmico, y habilitar la posibilidad de ampliarlas de forma segura, estimulando la densificación. Para ello, el Ministerio de Vivienda ha creado el Bono de Reforzamiento Estructural (BRE), pero que presenta una importante limitante: se exige que la propiedad está registrada en el Registro de Predios (SUNARP), es decir, que sea formal. En otras palabras, Seguimos sin poder abordar el principal problema, que es la informalidad, y nos seguimos enfocando en las consecuencias de este.
Ahora, si vemos el planeamiento urbano de estos programas de vivienda social, nos damos cuenta de que en su gran mayoría están ubicados en las periferias de la ciudad, donde el suelo disponible es público, y tiende a ser la única opción para un desarrollo a bajo costo. En esas condiciones, estos proyectos exigen a sus habitantes realizar largos viajes dentro de la ciudad, dada su desconexión con los centros urbanos ya consolidados. Por la misma razón, no solo se compromete al Desarrollador Inmobiliario y al Estado a realizar importantes inversiones en infraestructura y servicios básicos, sino también se estimula a la dispersión de la ciudad, en vez de apostar por la regeneración urbana y la densificación.
“(…) si vemos el planeamiento urbano de estos programas de vivienda social, nos damos cuenta de que en su gran mayoría están ubicados en las periferias de la ciudad (…) estos proyectos exigen a sus habitantes realizar largos viajes dentro de la ciudad, dada su desconexión con los centros urbanos ya consolidados.”
Bajo esa lógica, y sin instrumentos complementarios de gestión que permitan no sólo generar nuevo suelo urbano sino la regeneración del existente, se aprobó el Reglamento de los Programas Municipales de Vivienda (PROMUVI), mediante el Decreto Supremo N°014-2020-VIVIENDA, el cual permitiría a las municipalidades distritales y provinciales promover la construcción de viviendas de interés social en terrenos del Estado [5]. Dichos proyectos tendrían que estar respaldados por un desarrollador privado o promotor inmobiliario, contar con una evaluación técnica favorable del MVCS, específicamente del Programa Generación de Suelo Urbano (PGSU) y una evaluación financiera del Fondo MIVIVIENDA. En pocas palabras, lo mismo que se ha venido haciendo, sin éxito, desde la creación de dicho programa en 2012, pero ahora desde el gobierno local.
Un claro ejemplo de este mecanismo se destaca por el proyecto denominado “Ciudad La Alameda de Ancón”, que iba ser desarrollado por la constructora VivaGYM, en un terreno público de 108 hectáreas promovido por el MVCS y el Fondo MIVIVIENDA, el cual proyectaba proveer de 11 mil viviendas para poder ser adquiridas a través de subsidios por familias de menos recursos económicos [6]. Luego de siete años desde su adjudicación, se sabe que una de las grandes limitaciones para su desarrollo fue el incumplimiento del MVCS de resolver la provisión de agua potable y alcantarillado. En ese sentido, esta claro que el problema no sólo son la falta de políticas que empujen al desarrollo de viviendas de interés social, si no, más bien, un entorno urbano adecuado que permita que éstas se puedan dar.
Como vemos, para promover la producción formal de la vivienda y de suelo urbano, no solo son necesarios nuevos proyectos; se necesita una articulación interinstitucional dentro del Ministerio de Vivienda que permita enfocar el acceso a la vivienda bajo una mirada urbanística, combinando los esfuerzos de los diferentes programas en grandes proyectos urbanos integrales. Por ejemplo, Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) [7] tendría que mejorar a mayor escala los entornos urbanos, acompañado de los programas nacionales de saneamiento, y sumando esfuerzos con los proyectos del Programa Nuestras Ciudades (PNC). Además, impulsar la colocación de bonos de techo propio y de reforzamiento estructural, para generar una mayor oferta de vivienda digna, donde se puedan aplicar los bonos de arrendamiento y de renta joven.
“(…) para promover la producción formal de la vivienda y de suelo urbano, no solo son necesarios nuevos proyectos; se necesita una articulación interinstitucional dentro del Ministerio de Vivienda que permita enfocar el acceso a la vivienda bajo una mirada urbanística, combinando los esfuerzos de los diferentes programas en grandes proyectos urbanos integrales.”
Si bien el actual gobierno tiene pocos meses para gestionar grandes cambios, sí podríamos enfocarnos en proyectos piloto estratégicos, que demuestren que con sólo un cambio de enfoque se pueden generar importantes transformaciones en nuestras ciudades.
BIBLIOGRAFÍA
- https://andina.pe/agencia/noticia-peru-promovera-construccion-212-mil-viviendas-entre-2019-y-2021-769872.aspx
- http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/EspinozaFort_GRADEADI_expansionurbana.pdf
- http://www.vivienda.gob.pe/ejes/vivienda-y-urbanismo/vivienda_y_urbanismo.html
- https://www.mivivienda.com.pe/PortalWEB/inversionistas/pagina.aspx?idpage=140
- https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/309577-municipalidades-promoveran-programas-de-vivienda-de-interes-social-para-familias-de-menores-recursos
- https://peruconstruye.net/2018/11/16/gobierno-pone-en-marcha-construccion-de-ciudad-alameda-de-ancon/
- https://www.gob.pe/programa-mejoramiento-integral-de-barrios
Excelente artículo que permite resaltar el tema de la participación municipal en lo que a vivienda, se refiere. Como bien se señala, se presenta como avance el sustituir la participación del ministerio de vivienda, en los programas sociales de vivienda, por la participación de las municipalidades, trasladando responsabilidades pero no solucionando el problema, ya que no se cambia lo sustancial: la disponibilidad del espacio urbano ni la financiación de las viviendas. Este esquema reiterado tiene un principal beneficiario y no es, precisamente, el demandante de una vivienda digna, sino el grupo de empresas inmobiliarias que perciben mayor rentabilidad con apoyo estatal. Transferencia directa de tierras eriazas estatales, circundantes a los territorios municipales, a la administración y buen uso de los gobiernos locales, así como la promoción de cajas municipales de ahorro y préstamo de vivienda, que no tienen afán de lucro, entre otras creativas soluciones, serían importantes pasos para la solución integral del problema de la vivienda en el Perú.
Gracias Enrique por tus aportes y por visitar nuestra página.
Saludos.
Aldo Facho Dede
Editor Principal