Por Aldo Facho Dede, urbanista
Sobre las recientes ordenanzas que pretenden regular el uso del espacio público en algunos distritos de Lima Metropolitana.
Mayo ha sido el mes de la polémica en torno al uso de los espacios públicos distritales. A inicio de mes la Municipalidad Distrital de Miraflores aprobó la Ordenanza N° 518/MM, con el objetivo de regular y promover la convivencia en los espacios públicos dentro del distrito, principalmente en lo que respecta a la circulación de vehículos eléctricos de movilidad personal como patinetas, scooters, monopatines, monociclos, vehículos auto equilibrados, etc., así como respecto a la circulación y comportamiento de las personas. Pocos días después, la Municipalidad de San Isidro hizo lo propio con el Acuerdo de Concejo N°018-2019-MSI, la cual pre-publica la Ordenanza que regula el uso y operación de dichos vehículos. Ambos instrumentos se dan al amparo de las obligaciones administrativas que tienen los distritos sobre el ornato, mantenimiento y uso de dichos espacios.
“Estos esfuerzos regulatorios ponen en evidencia que el principio dicotómico automóvil – peatón, mediante el cual se ha concebido la reglamentación nacional y el diseño de nuestras vías, está caduco.”
Estos esfuerzos regulatorios ponen en evidencia que el principio dicotómico automóvil – peatón, mediante el cual se ha concebido la reglamentación nacional y el diseño de nuestras vías, está caduco. Muestra de ello son las diferentes leyes y reglamentaciones que promueven sistemas de movilidad no motorizada como solución a los desplazamientos de corta distancia y como incentivo a la salud y cuidado medio ambiental (entre ellos, el recientemente creado “Programa de Transporte no Motorizado” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Asimismo, si bien aún no contamos con una red segura de ciclovías a nivel metropolitano, son varios los distritos que se han preocupado por implementarlas, buscando cierta conexión para hacer más eficiente su servicio.
Este lento proceso de adaptación ha sido sacudido por la aparición de otros aparatos que ya sea por su dimensión, flexibilidad o fuente de energía, se han multiplicado en nuestras calles, sobre todo a partir de la operación de dos empresas que ofrecen el alquiler de scooters eléctricos mediante el uso de aplicativos. Ello ha terminado de poner en crisis la distribución de los usos en el espacio público y, sobre todo, en riesgo a los peatones.
En ese sentido, ambas ordenanzas son importantes en dos aspectos fundamentales:
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El espacio público es, fundamentalmente, de los peatones, por lo que las normas deben estar orientadas a protegerlos
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Cualquier uso comercial del espacio público debe estar registrado y regulado.
Ahora bien, cuando profundizamos en ambas regulaciones encontramos aspectos que debieran ser revisados antes de su aplicación. Primero, ambas ordenanzas proponen soluciones que van contra la seguridad de las personas que se desplazan en dichos vehículos ligeros, al obligarlas a conducir junto a los automóviles. En nuestras ciudades, donde los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte[1], es una orden “suicida”. En la Ordenanza de la Municipalidad de San Isidro se llega incluso a prohibir su circulación en la Zona Monumental del Bosque de Los Olivos y en las vías alrededor de las huacas Huallamarca y Santa Cruz, lugares por donde sí está permitido la circulación de carros.
Segundo, ambas ordenanzas apuntan a los vehículos ligeros como la principal amenaza para los peatones, y obvian de su reglamentación a los carros, siendo que son tan “vehículos” como el resto, y como ya se ha mencionado, mucho más peligrosos. En la ordenanza de la Municipalidad de Miraflores se llega a prohibir que las personas crucen las vías por otro lugar que no sean las esquinas, lo cual puede tener sentido en avenidas, pero no en calles donde los peatones debieran ser quienes gobiernen el uso del espacio.
“El enfoque de ambas ordenanzas visibiliza el hecho de que nuestras autoridades ediles siguen pensando que la prioridad del uso del espacio público la tienen los carros, ya sea para su circulación o estacionamiento.”
El enfoque de ambas ordenanzas visibiliza el hecho de que nuestras autoridades ediles siguen pensando que la prioridad del uso del espacio público la tienen los carros, ya sea para su circulación o estacionamiento. Los peatones, y el resto de sistemas de movilidad, deben acomodarse en el poco espacio que resta. Es importante mencionar que, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, sólo el 25% de las calles debiera destinarse a veredas, con una medida mínima de un metro veinte. Dentro de este reducido espacio se colocan postes y otros objetos, dejando como paso real menos de lo que mide el ancho de la puerta de cualquier dormitorio.
En este sentido, es un esfuerzo vano prohibir lo absurdo. Ello opaca el verdadero sentido de ambos instrumentos regulatorios: velar por la seguridad de las personas y ordenar el uso comercial del espacio público. Ambas ordenanzas permiten pensar en posibles soluciones que estarían dentro de las competencias de dichos municipios, y que podrían ser implementadas en un corto plazo:
- Rediseñar las vías locales para mejorar el confort y seguridad de los peatones y conductores de vehículos menores, forzando la reducción de la velocidad de los automotores a 30 kilómetros por hora. De esta forma no entraríamos en el absurdo de pretender inventar nuevos carriles segregados, ni pondríamos en riesgo a los conductores de dichos vehículos, sino que lograríamos que los carros, que hoy acaparan el 70% del espacio público, lo compartan con el resto de ciudadanos.
Esta propuesta no es ninguna novedad. Sin tener que recurrir a referentes internacionales, podemos analizar el funcionamiento de la calle Libertadores y la macromanzana[2] del Trapecio Histórico en San Isidro; o el del entorno del Parque Kennedy, calles Tarata y Porta en Miraflores. Todos estos espacios fueron rediseñados bajo ese enfoque, incrementando el espacio para los peatones y forzando la reducción de velocidad de los vehículos.
- Ir más allá del empadronamiento de los vehículos usados por las empresas y cobrarles un derecho por el uso del espacio público, como se cobra a los cafés y restaurantes que ponen mesas, o a los quioscos y ferias temporales. Ese dinero debe estar destinado exclusivamente a la mejora integral de las vías locales, por donde deben circular dichos vehículos, y a la implementación de estacionamientos seguros.
“Ir más allá del empadronamiento de los vehículos usados por las empresas y cobrarles un derecho por el uso del espacio público, como se cobra a los cafés y restaurantes que ponen mesas, o a los quioscos y ferias temporales.”
La recuperación del espacio público de las vías locales para las personas, y el cobro por el uso comercial del mismo a las empresas que pretenden explotarlo, deberían ser el centro de estas ordenanzas, continuando con el liderazgo que siempre ha caracterizado a ambos distritos. Es momento de superar la instancia de prueba y avanzar con acciones que devuelvan los espacios públicos a los vecinos y ciudadanos de a pie.
[1] https://diariocorreo.pe/peru/accidentes-reglas-de-transito-educacion-vial-849309/
[2] http://msi.gob.pe/portal/san-isidro-urbano/macromanzanas/
Fuente de la imagen: https://www.fayerwayer.com/2018/12/grin-scooters-experiencia/
Fuente de la imagen destacada: https://img.elcomercio.pe/files/ec_article_multimedia_gallery/uploads/2019/03/23/5c96f9d9d5602.jpeg